El 23 de mayo de 2006, al filo del mediodía, eran detenidos en las inmediaciones de una cafetería madrileña el técnico ciclista Manolo Saiz y los médicos Eufemiano Fuentes y José Luis Merino Batres. Al mando de aquella operación, bautizada como Puerto, estaba un joven teniente de 28 años de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: Enrique Gómez Bastida, actualmente comandante en excedencia y director de la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD).

Hoy se cumplen diez años de la Operación Puerto, el mayor escándalo de dopaje español, y el caso sigue sin resolverse. La Audiencia Provincial de Madrid no ha solucionado aún los recursos. Y 211 bolsas de sangre esperan congeladas en el laboratorio de Barcelona para conocer su futuro. ¿Serán entregadas para la identificación de los deportistas o serán definitivamente destruidas?

Sea como sea, las faltas deportivas ya han prescrito. Si se aplicara la ley española de entonces, el plazo se cumplió a los tres años. Si se aplicara el Código Mundial Antidopaje, lo habría hecho a los ocho. En enero de 2015 se aumentó ese periodo a diez años. Aun así también habrían prescrito. A pesar de ello, la autoridad antidopaje espera que se concedan las bolsas y puedan identificarse, aunque no haya sanción posterior. Como hizo recientemente el Senado francés con el caso Festina. “Lo que no puede ser es que las bolsas no sean de nadie”, apunta Gómez Bastida.

Sólo cinco ciclistas han sido suspendidos. Y todos ellos fuera de España: Ullrich y Jacksche, en Alemania, y Valverde, Basso y Scarponi, en Italia.

“Como policía judicial estoy muy satisfecho de la Operación Puerto. Nadie nunca ha encontrado 200 bolsas de sangre. Además, se culminó con condenas penales”, reflexiona Bastida. “Como investigador, para mí no era relevante la identificación en aquel momento. Pero ahora, en Antidopaje, la visión es distinta. Desde la vertiente deportiva, está incompleta”.

Efectivamente, la juez Julia Patricia Santamaría condenó el 30 de abril de 2013 con un año a Eufemiano Fuentes y con cuatro meses a Ignacio Labarta. Pero también decretó la destrucción de las bolsas y denegó las pruebas para incoar expedientes, igual que ya había hecho el juez Antonio Serrano durante la instrucción judicial. Tres años después, la sentencia sigue recurrida. La resolución iba a comunicarse a primeros de 2016, pero hubo discrepancias entre el ponente, Alejandro Benito, y los otros dos magistrados. Y continúa pendiente de una nueva redacción. “Es difícil de entender tanta demora, pero no es nuevo en España”, señala Bastida. Y mientras, las bolsas siguen sin ser de nadie.