El problema jurídico de Milei para hacer sus reformas
El decreto anunciado por el nuevo presidente argentino tendrá que pasar el filtro de las cámaras políticas. Si consigue el apoyo en una, seguirá adelante.
La llegada de Javier Milei (La Libertad Avanza) a la Casa Rosada ha estado marcada por sus primeras decisiones. El nuevo presidente de Argentina ha revolucionado la política y la economía de país, con el anuncio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) al que la sociedad ha respondido con más dudas dudas que certezas. Con un total de 366 artículos, el objetivo del DNU es “destrabar el andamiaje jurídico e institucional opresor”.
Y en un primer momento los mercados financieros ‘agradecieron’ la medida de desregularizar la economía argentina. Subieron las acciones de los bancos locales y los bonos en dólares fueron al alza en Wall Street. Pero esta euforia inicial se enfrenta a las dudas legales y judiciales. El Congreso, la Justicia y el descontento de la población pueden tirar por la borda las aspiraciones de Milei.
Porque hay quien considera que algunos de estos decretos ni son necesarios y son urgentes. “Hay muchos sectores que presentarán quejas ante la justicia, la pregunta sobre la sostenibilidad permanece latente”, explican desde Adcap, grupo financiero argentino. La sartén, ahora en manos de los legisladores y los jueces. Pero no está todo perdido para el nuevo inquilino de la Casa Rosada.
La esperanza de Milei
El presidente, votado por más de 14 millones de argentinos (un 56% de los votos) confía en la historia para que su decreto anticrisis siga adelante. Y es que, en las últimas dos décadas, todos los presidentes de Argentina han firmado decretos de necesidad y urgencia. Los ha habido, como ahora, polémicos, pero siempre han salido adelante en el Congreso, no fueron derogados. Y a ello se aferra Milei.
Todo, a pesar de las fuertes críticas generadas, tanto en la calle como entre los expertos. “El decreto infringe prácticamente todo. Aunque le guste el contenido, aquí lo que falla es la forma, explica el profesor de derecho constitucional Daniel Sabsay, en El País. Por su parte, Roberto Gargarella, abogado y jurista, considera el decreto inconstitucional. “Hay muchos legisladores que podían estar de acuerdo con parte del texto, pero ha generado mucho enojo que pasase por arriba del Congreso”.
El encargado de votar el DNU es el Poder Legislativo, compuesto por los Diputados y los Senadores. Y, para derogarlo, se requiere de la mayoría del voto negativo de ambas cámaras. Si una vota a favor, se mantendría vigente. Algo que en los últimos tiempos no se ha dado, pero que en esta ocasión podría ser diferente. “Por primera vez en la historia es posible que las dos Cámaras se junten en la derogación de un decreto”, advierte Gargarella. Y, aunque supere este obstáculo, es posible que la anulación llegue por la vía judicial, en cuyo caso el conflicto podría prolongarse durante años.
Medidas polémicas
Entre los 366 artículos que componen este decreto destacan la prohibición de que el Estado intervenga par controlar los precios de los alimentos o los alquileres. Serán los empresarios y propietarios quienes tengan esa decisión. Las empresas públicas podrán ser privatizadas y los equipos de fútbol podrían convertirse en sociedades anónimas.
A nivel de empleo, los trabajadores tendrán más complicado hacer huelga y, por contra, será más fácil que acaben despedidos. Y si el decreto perjudica a los empleados, ocurre lo contrario con las empresas. No serán multadas si tienen contratados empleados de forma irregular y tampoco si estos hacen jornadas de hasta doce horas diarias. Los bancos, por su parte, podrán ocultar las comisiones de sus tarjetas de crédito.