Un alto a la Administración Trump: no más aviso previo para congresistas
Un juez federal suspendió la política promovida por Kristi Noem que restringe las visitas de los congresistas y considera que probablemente sea ilegal.
El juez federal Jia Cobb de Washington dictaminó el pasado lunes la suspensión temporal de la política de la Administración Trump que exige a los miembros del Congreso avisar con siete días de antelación para poder visitar los centros de detención migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU (ICE, por sus siglas en inglés).
La decisión se produce luego de que un grupo de legisladores demócratas insistieran en tener pruebas para demostrar que el requisito de aviso es ilegal y excede la autoridad legal del Gobierno. Además, el juez aseguró que el Gobierno no ha citado “ejemplos concretos de problemas de seguridad planteados por las visitas sin previo aviso”.
La política —emitida el 8 de enero por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem—, fue impugnada por 13 miembros del Congreso. Desde diciembre, Noem intentó establecer esta política, pero fue bloqueada por Cobb. Sin embargo, la secretaria restableció en secreto otro requisito de aviso un día después del asesinato de la estadounidense Renee Good en Minneapolis a manos del ICE.
“Los demandantes sin duda están frustrados por los repetidos intentos de los demandados de imponer un requisito de notificación. Pero al tomar medidas adicionales, los demandados están obligados a cumplir con los términos de la orden del Tribunal y actuar de acuerdo con los principios legales anunciados en esta opinión”, escribió Cobb.
Tres días después del tiroteo fatal, a tres congresistas demócratas de Minnesota les fue negada la visita a una instalación de la agencia federal de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional no había informado de la nueva política hasta que los representantes Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig fueron rechazados.
Cobb argumentó que está prohibido utilizar fondos para impedir o restringir el acceso a los legisladores a las instalaciones y consideró que “es muy probable” que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, los esté utilizando para promulgar y hacer cumplir la nueva política. Y rechazó la versión del Departamento de Justicia de que la medida esté financiada por el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” de Trump.
La Administración Trump anunció que apelará, en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, y argumentó que es una “medida de sentido común para garantizar la seguridad del personal, las fuerzas del orden, los visitantes y los detenidos por igual”.
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