La Administración Trump amplía la capacidad de ICE para detener a refugiados legales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) concretó la última medida de la ofensiva migratoria de Trump. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) pueden “arrestar y detener” a las personas refugiadas que no “hayan ajustado” su estatus a residente permanente legal un año después de haber sido admitidas en el país, según la orden administrativa presentada el pasado miércoles.

Los cambios se producen bajo el argumento de la seguridad nacional y de someter a los refugiados a evaluaciones adicionales, según el documento del DHS obtenido por CNN. También las personas refugiadas pueden permanecer bajo custodia “durante el proceso de inspección y examen”, ya que “la admisión es condicional y está sujeta a una revisión obligatoria después de un año”.

¿Qué cambió con este memorando?

Bajo la política anterior, conseguir la residencia permanente después de un año no constituía motivo de detención ni de deportación; además, los refugiados arrestados debían ser puestos en libertad en un plazo de 48 horas o el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estaba obligado a iniciar un proceso de deportación.

Según el documento emitido por el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE UU, Joseph Edlow, y el director interino de ICE, Todd Lyons, esta política anterior “creó una población de refugiados condicionales que no habían sido reevaluados por completo, con riesgos asociados para la seguridad pública y nacional”.

El expediente judicial que incluye el memorando del DHS forma parte de un caso federal en Minnesota, donde actualmente se libra una batalla judicial clave sobre esta nueva política migratoria. Un juez ha bloqueado temporalmente a la Administración Trump para que no actúe contra unos 5.600 refugiados legales en el estado que esperan obtener la residencia permanente.

El International Refugee Assistance Project (IRAP), una de las organizaciones demandantes, sostiene que la medida busca retirar el estatus legal a los refugiados para facilitar su deportación. “Este memorando forma parte de un esfuerzo amplio y coordinado para despojar a los refugiados de su estatus legal y hacerlos deportables”, afirmó Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de Programas Legales de IRAP.

Las reacciones en contra de la nueva política

La directora ejecutiva de la agencia de refugiados HIAS, Beth Oppenheim, condenó el memorando que “se hizo en secreto” y sin “ninguna coordinación” con las organizaciones que atienden a los refugiados: “Esta política es un intento transparente de detener y potencialmente deportar a miles de personas que están legalmente en este país, personas a quienes el propio Gobierno de EE UU dio la bienvenida tras años de evaluaciones extremas”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha restringido en gran medida la admisión de refugiados durante su segundo mandato —a excepción de sudafricanos blancos— como parte de una ofensiva contra la inmigración. Su administración estableció un límite anual de refugiados de 7.500, una cifra muy inferior a los niveles que históricamente ha aceptado Estados Unidos. En 2024, en cambio, fueron admitidos más de 100.000 refugiados.

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