El plan de Trump para hacerse con el control total de las Elecciones de medio mandato: ¿podría cambiar la ley?
Trump propone una reforma electoral que cambiaría el poder de los estados sobre el voto y enciende alarmas democráticas en Washington, entre acusaciones de autoritarismo.
A pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre, el presidente Donald Trump ha vuelto al centro de la tormenta política con un plan que propone “nacionalizar” las elecciones en Estados Unidos, trasladando competencias que tradicionalmente ejercen los estados hacia el gobierno federal. La idea, de llegar a concretarse, supondría una de las mayores transformaciones del sistema electoral estadounidense en décadas y ha disparado las alarmas entre demócratas, expertos constitucionales y autoridades locales.
Desde un podcast conservador, Trump instó a los dirigentes de su propio partido a tomar el control del proceso electoral en al menos 15 jurisdicciones clave para noviembre. Aunque el mandatario asegura que estas propuestas buscan garantizar la “honestidad” de los comicios, sus críticos ven en ellas un intento de consolidar el poder republicano al debilitar las salvaguardas del sistema democrático federalista que rige desde hace siglos en Estados Unidos.
El plan de Trump para tomar el control de las Elecciones
El corazón de la polémica radica en la Constitución, ya que, el artículo primero, sección cuatro, otorga a las legislaturas estatales la autoridad para fijar la forma en que se realizan las elecciones a la Cámara y al Senado. Cualquier intento de “nacionalizar” esos procesos requeriría, al menos en teoría, la aprobación del Congreso, donde los republicanos aún conservan mayoría estrecha, y enfrentaría un escrutinio judicial inmediato.
Entre las medidas que impulsan los aliados de Trump está el llamado Safeguard American Voter Eligibility Act, que exigiría prueba de ciudadanía para registrarse para votar, y la eliminación de prácticas como el envío automático de boletas por correo, prácticas que, según críticos, podrían afectar de manera desproporcionada a comunidades históricamente más votantes demócratas.
Además, los republicanos han puesto sobre la mesa proyectos como el Make Elections Great Again Act, que busca establecer requisitos estrictos de identificación y plazos de conteo de votos más rígidos, en un momento en que varios estados ya han avanzado en restricciones propias.
Estos esfuerzos se dan en un clima tenso, ya que, la Casa Blanca presionó a varios estados para compartan datos electorales, y en Georgia el FBI realizó una redada en una oficina electoral en el marco de las disputas en torno a los comicios de 2020.
Expertos constitucionalistas señalan que la capacidad del presidente para imponer cambios de este calado por decreto es extremadamente limitada y que muchas de estas propuestas violarían el principio de descentralización en materia electoral. Sin embargo, la combinación de retórica agresiva, presión legislativa y táctica política ha desatado una reacción inusitada; demandas judiciales, alertas de grupos de derechos civiles y advertencias de que US democratic norms están en riesgo.
Mientras tanto, en ambos lados del espectro político se escucha cada vez con más fuerza la inquietud de que, independientemente de su legalidad, el solo debate sobre “quién controla el voto” podría erosionar la confianza pública en la integridad de las elecciones, un legado de la era Trump que podría reverberar mucho más allá de 2026.
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