Mourinho tendrá que pagar a Hacienda una deuda por un error en la tributación

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por el entrenador portugués José Mourinho por el que pedía que se le liquidase el IRPF de los ejercicios correspondientes a los años 2011 y 2012. El técnico, por aquel momento enrolado en las filas del Real Madrid, le pagaba a una sociedad liderada por el que era su representante, Jorge Mendes.

Según defiende la Agencia Tributaria, Mourinho cometió irregularidades en la tributación del impuesto entre los años 2010 y 2012. Sin embargo, la Justicia considera que los 571.073,28 euros correspondientes al ejercicio del año 2010 quedan condonados al haber prescrito la infracción. La cantidad resultante, que en un principio rondaba el millón y medio de euros, quedaría, por tanto, en los 881.368 euros impuestos en 2018 por el Tribunal Económico Administrativo Central.

La sentencia, publicada a lo largo de la mañana de este martes, se remonta al año 2014, cuando a Mourinho le fue notificado “el inicio de un procedimiento de inspección relativo al IRPF, ejercicios 2010 a 2012″. En 2016, “se instruyó el acta de disconformidad por el IRPF en la que se imputaban al obligado tributario como rendimientos de trabajo y de la actividad económica, los pachos satisfechos por el Real Madrid a Gestitute Internacional Limited, por entender por entender que se trataba de pagos realizados en nombre de Mourinho a su representante, Jorge Mendes, quien lideraba aquella sociedad”, exponen.

La versión de Hacienda

El ente público defendía que Mourinho había ocultado que el responsable de los pagos a la agencia de Mendes había sido el Real Madrid en vez del entrenador, quien a su juicio tenía que ser el encargado de emitirlos. Este movimiento le habría supuesto “un menor importe de sus rentas de trabajo, que de haberse hecho de manera correcta hubiera supuesto una mayor tributación”.

Evitó el juicio con un acuerdo con Hacienda

En 2018, José Mourinho cerró un acuerdo con Hacienda con el que evitó ir a juicio tras haber cometido dos presuntos delitos fiscales de los que el entrenador se declaró culpable. El técnico aceptó una pena de un año de cárcel y abonó 669.232 euros que se sumaron a los 4,4 millones previos que pagó cuando se inició el procedimiento contra él.

La causa se remontaba a los mismos ejercicios que en esta ocasión, cuando dejó de pagar 3,3 millones de impuestos por sus derechos de imagen. Este dinero fue ocultado con una sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas.