Ante el ascenso de casos de COVID-19 en Australia de las últimas semanas, la organización del primer Grand Slam de la temporada no tiene la intención de correr el más mínimo riesgo en lo que a transmisión del virus se refiere. De modo, que el major oceánico pretende que todos los tenistas, cuerpo técnico y el resto de asistentes cumplan a rajatabla los protocolos de seguridad que tienen previstos, ya que de lo contrario, las consecuencias pueden ser muy negativas.

"Además de las multas máximas de 20.000 dólares o sanciones penales, cualquier incumplimiento del protocolo podría desembocar en una o más de las siguientes sanciones: descalificación de nuestros torneos, pérdida del 'prize money', cuarentena extendida, aislamiento en una habitación de hotel ordenada por el gobierno, arresto y deportación", reza el comunicado emitido en las últimas horas por Tennis Australia, unas palabras que han sido respaldadas por Craig Tiley, director de la Federación y del Open de Australia, en una entrevista concedida a The Age.

"Los Grand Slams tienen un conjunto de reglas diferente y, lo más importante, somos muy fuertes en nuestra aplicación de esas reglas. Los jugadores entienden que cualquier incumplimiento sería la expulsión y regresar a casa para que podamos proteger a todos los demás. Cuando te enfrentas al esfuerzo que supone venir a este torneo, sería un error ridículo que alguien lo cometiera", explicó Tiley. Tras superar un período de cuarentena de dos semanas, se espera que sean unas 1.200 personas las que ocupen las instalaciones de Melbourne durante el transcurso del torneo. Toda precaución será poca...