La querella interpuesta por José Luis Escañuela, expresidente de la Federación Española de Tenis (RFET), contra Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, queda archivada. Así lo ha acordado Juan Antonio Toro Peña, titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, que en un auto del pasado viernes acordó “el sobreseimiento provisional y por tanto el archivo de la presente causa, por no ser los hechos denunciados constitutivos de ilícito penal alguno respecto a Miguel Cardenal Carro y Ana Muñoz Merino”.

Escañuela acusaba al presidente del Consejo Superior de Deportes y a la exdirectora de Deportes de prevaricación, revelación de secretos, falsedad en documentos, malversación (aducía que el despido de la capitana Gala León se había pagado con fondos públicos) e injurias y calumnias.

“La finalidad que se buscaba era hacer daño a mi reputación y que el CSD rebajara su exigencia en el cumplimiento de la Ley, especialmente respecto al uso de los recursos económicos de las Federaciones”, valoró Miguel Cardenal, que el pasado 19 de octubre declaró una hora ante el magistrado. La Fiscalía ya había pedido el archivo.

José Luis Escañuela fue inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte por dos años en septiembre del año pasado por no remitir al CSD las cuentas de la actividad económica de la Fundación y el Observatorio del tenis, dos entes creados por él a los que se desviaron 700.000 euros del presupuesto de la Federación sin justificar su uso. Una información que el CSD también remitió a la Fiscalía Anticorrupción entendiendo que podría haber indicios de una presunta malversación o apropiación indebida. También acumuló otros siete meses de suspensión por negarse a entregar las actas del nombramiento de Gala León. 

“La querella estaba basada en una sucesión de mentiras y estaba destinada a no tener ningún recorrido, como la que interpuso en su día el presidente de la Federación de Fútbol, Ángel María Villar”, recordó Cardenal.

Esta semana, Iñigo Méndez de Vigo, refrendado por Mariano Rajoy como ministro de Educación, Cultura y Deportes, debe decidir sobre la continuidad o no de Cardenal como secretario de Estado. El archivo de la querella podría facilitar su continuidad en el cargo.