El Retrovisor

El blog de Raúl Romojaro.

Autor: Raúl Romojaro

EL RETROVISOR

Pagar por circular ¿Más?

La movilidad personal ya se encuentra fuertemente gravada por numerosos impuestos a la automoción.

Pagar por circular ¿Más?

Mi desafección con la política es total, independientemente de su ideología. Lamento mucho admitir esta decepción generalizada, que tan poco aporta a un sistema democrático. Intento conciliarme con un modelo social en el que siempre he creído, pero las decisiones arbitrarias, injustificadas y ridículas que se nos plantean casi a diario me lo impide.

La más reciente tiene que ver con la polémica decisión del Gobierno de trabajar en fórmulas impositivas para el uso en principio de autopistas y autovías, aunque sin descartar que más adelante pueda extenderse a cualquier tipo de carretera. Me parece un auténtico disparate, por mucho que se nos intenten convencer con el argumento de que se trata de la tendencia en los países de nuestro entorno. Mal de muchos…

La realidad es que la movilidad personal, entendida como la utilización de un vehículo privado para realizar un desplazamiento, es objetivo recurrente cuando toca incrementar la presión fiscal. Es por ello que el automóvil, generalizando, ya soporta cargas impositivas elevadas por distintos conceptos: desde el IVA en la compra al impuesto de matriculación, pasando por el de circulación municipal, las enormes tasas sobre los combustibles, los impuestos correspondientes a componentes y reparaciones, los de los seguros…

Todo ello sin olvidar que, en teoría, cada usuario de un vehículo aporta en su franja impositiva los tributos que le correspondan. Un dinero destinado al mantenimiento del estado del bienestar, en el que sin duda se incluye el derecho a la movilidad y una red vial a la altura de un país del primer mundo. Ya pagamos, y mucho, por conducir y utilizar las carreteras, no encuentro justificación alguna a incrementar estas cargas en base a un determinado uso. Mejor dicho, sí existe una explicación: la pésima gestión de esos recursos, los ingresos que se esfuman innecesariamente o se malgastan al carecer de una política de infraestructuras inteligente.

Una sociedad solidaria

El debate sobre la cuestión está servido y promete ser crudo. El abuso de esta medida me resulta inaceptable, especialmente escuchando argumentos como el esgrimido por Pere Navarro, al frente de la Dirección General de Tráfico: “La abuelita que cobra su pensión y no tiene coche no debe pagar de la conservación y mantenimiento de las carreteras”. Esto ya sí que me pareció el colmo, un ataque frontal a una fiscalidad basada en la solidaridad y el reparto equitativo de los ingresos para cubrir las necesidades esenciales de los ciudadanos.

El argumento del señor Navarro apunta claramente a que cada uno pague impuestos por lo que disfrute. El disparate es de tal magnitud que me costó creer que hubiera salido de la boca de una persona de su responsabilidad política. Yo cumplo satisfecho con mis obligaciones ante Hacienda con el pleno convencimiento de que es básico para que nuestra sociedad, desde nuestros hijos a nuestros mayores, pueda seguir disfrutando de una vida cada día un poco mejor, pese a la incompetencia política.

De ese compromiso nace mi indignación con ese uso demagógico de la figura de la abuelita. Porque si lo que propone el director general de tráfico tuviera sentido, muchos españoles no tendrían que pagar por la educación (no tienen hijos), la sanidad (disponen de servicios privados), la televisión pública (ni siquiera la ven) o las pensiones (contratan planes privados de jubilación). ¿En que se diferencian las carreteras de todo lo demás? ¿No son acaso un servicio de primera necesidad, indispensable para el crecimiento de la economía y la movilidad? ¿No se trata de un bien común del que todo nos beneficiamos de un modo u otro?

La clave del asunto es que penalizar la movilidad siempre ha sido fácil, cómodo y efectivo. Muy pocos pueden renunciar a ella, así que no queda otra que pasar por el aro. Y el gran desafío no es cuánto se recaude, sino cómo se invierta. La incompetencia al hacerlo representa un saco sin fondo, se pueden meter en las arcas públicas miles de millones de euros con sangrantes medidas fiscales que de poco servirán si se siguen despilfarrando.