¿Un paso atrás contra el dopaje?
Ya sé que hoy debería escribir de las dos victorias consecutivas de Michael Albasini en la Volta a Catalunya y de los más de dos minutos perdidos por Alejandro Valverde por culpa de una caída en el avituallamiento (por cierto, nadie paró para esperarle, como se aboga otra veces dependiendo de la víctima). Pero llevo unos días dándole vueltas a otro asunto que, aunque no es exclusivo del ciclismo, sí le afecta muy directamente. Me refiero a la ley que permite la reducción de sanciones de dopaje por colaborar con la justicia, que ha sufrido recientemente dos empujones: uno a favor y otro en contra.
El empujón en contra tiene nombre de atleta: Paquillo Fernández. Su Federación Española, instada por el CSD, le rebajó la sanción de dos años a uno, después de que el granadino presentara un certificado de la Guardia Civil que confirmaba su “colaboración” con un resultado “eficaz para la lucha contra el dopaje”. A la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) no le convenció el papel y recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que decidió aumentar la sanción a dos años. A la IAAF le ha molestado la proliferación de reducciones que estaba aconteciendo en el atletismo español, porque además de al marchador se les han rebajado igualmente de dos a un año las suspensiones a Yesenia Centeno (también recurrida por la IAAF al TAS) y José Luis Blanco (en estudio).
El empujón a favor tiene nombre de ciclista: David García Dapena. El gallego, que dio positivo con EPO en la Vuelta a España 2010, ha visto reducida por el TAS su sanción de dos años a 18 meses por haber colaborado con la justicia con resultados óptimos: sus informaciones a la policía han servido para el desmantelamiento de un trama de dopaje en la Operación Skype, que encabezaba un viejo conocido del ciclismo: el médico colombiano Alberto Beltrán, ex de Selle Italia, Baqué, Kaiku, Liberty Portugal y Xacobeo. En esta investigación también ha cooperado el atleta Blanco.
Tanto el Código Penal español como el Código Mundial Antidopaje recogen la posibilidad de esa reducción de castigo por colaboración. El primero que se acogió a ella en nuestro país fue Moisés Dueñas, a quien se rebajó de dos años a uno su sanción por un positivo con EPO. De poco le sirvió aquello al bejarano, a quien todos los equipos profesionales le cerraron luego sus puertas a pesar de los intentos en la sombra del CSD por encontrarle un hueco.
A mí la reducción de sanción por colaboración, que ya estaba instaurada en Italia antes de adoptarse aquí, me parece una buena medida. Al deportista se le da la oportunidad de arrepentirse y reinsertarse, a la par que ayuda en la lucha penal contra el tráfico de productos dopantes. Sin embargo, el ‘caso Dueñas’ ya supuso un gran contratiempo, porque el pelotón lanzó el mensaje de que no admitía a ‘soplones’. Pero el ‘caso Paquillo’ ha creado un problema todavía mayor: ¿Qué deportista se va a atrever ahora a colaborar si nadie le puede garantizar que su federación internacional y el TAS no vayan a revocar la decisión? ¿Cómo se demuestra si la colaboración es eficaz o no? ¿Hay que esperar a que se desmantele una banda para conocer el grado de cooperación? ¿Y qué ocurre en supuestos como los de Dueñas y Centeno, que denunciaron casos que luego fueron archivados por falta de pruebas?
No seré yo quien defienda aquí a Paquillo, a quien con colaboración o sin ella se le requisó en su casa un arsenal de productos dopantes. Pero la resolución del TAS sí me parece una mala noticia para la lucha antidopaje por las consecuencias de futuro. Al menos el caso de García Dapena sí ha servido para demostrar los beneficios de la ley, pero ignoro en qué medida podrá contrarrestar los efectos producidos por la sanción al atleta. Puestos a buscar un ideal, yo me quedo con la actitud del malogrado Xavi Tondo, que denunció a priori una trama de dopaje que derivó en la Operación Cursa. Eso sí que fue una colaboración eficaz y, sobre todo, creíble y honesta.