Bancaja dice que no gestionó la F-1 y solo fue socio financiero

El expresidente de Bancaja José Luis Olivas ha declarado hoy que esta entidad bancaria fue únicamente "socio financiero" de Valmor -firma que organizó la Fórmula 1 en Valencia-, y que no intervino en su gestión.

El también expresidente de la Generalitat ha sido el primero de los testigos citados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que investiga posibles irregularidades en la organización de las citadas pruebas automovilísticas.

En unas breves declaraciones a los periodistas, Olivas ha insistido en su total desvinculación de la gestión de Valmor, firma en la que Bancaja participó junto al empresario Fernando Roig y el expiloto Jorge Martínez "Aspar", y que posteriormente fue adquirida por la Generalitat Valenciana, asumiendo sus pérdidas.

Tras Olivas, ha prestado declaración, también como testigo, el empresario castellonense y presidente del Villarreal C.F., Fernando Roig, quien, según fuentes de la causa, ha explicado que la Generalitat conocía la situación patrimonial de Valmor antes de adquirirla, y que las cuentas de esta empresa estuvieron siempre auditadas.

Estas citaciones se enmarcan en la investigación abierta al expresident de la Generalitat Francisco Camps, la exconsellera de Cultura Dolores Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Olivas ha declarado durante unos 35 minutos y ha respondido a todas las partes personadas en el proceso, aunque en el exterior del juzgado apenas se ha detenido para responder a los periodistas.

Según han explicado fuentes del caso, el expresidente de Bancaja ha indicado que Valmor apenas tenía capacidad para gestionar la organización de los grandes premios de Fórmula 1, por lo que subcontrató prácticamente todos los trabajos, a excepción de la venta de entradas, la publicidad exterior y la instalación de graderíos.

El letrado de la Generalitat Valenciana ha preguntado a Olivas cómo fue posible que el Instituto Valenciano de Finanzas avalase un préstamo a Valmor en tan solo cinco días, a lo que éste ha respondido que no lo recordaba, según han indicado las mismas fuentes.

El empresario castellonense Fernando Roig, que ha declarado también durante una media hora, ha explicado que se hizo responsable de los libros de contabilidad de Valmor durante tres años, que éstos se entregaron a la Generalitat antes de formalizar la compra de esta empresa y que, en consecuencia, el Gobierno valenciano conocía su situación patrimonial y sus pérdidas.

Asimismo, ha indicado que Valmor tuvo pérdidas desde el primer momento, y que las hubiese seguido teniendo tanto en el caso de continuar con su actividad como si hubiese rescindido los contratos para la organización de los grandes premios, dadas las indemnizaciones previstas.

A su entrada a los juzgados, Roig ha eludido las cuestiones de los periodistas, al apuntar que "voy a declarar como testigo, esto no es una rueda de prensa"; y a la salida del juzgado ha lamentado haberse enterado por la prensa de su citación como testigo en esta causa.

Según el calendario fijado, está previsto que hasta el 22 de febrero declaren en calidad de testigos trece personas, entre ellas ex altos cargos de la Generalitat, asesores y empresarios.

El origen de esta causa es una querella presentada en diciembre de 2014 por la Fiscalía Anticorrupción en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra Camps, Johnson y "Aspar", meses después de que Esquerra Unida y el PSPV-PSOE registraran una denuncia por la compra de Valmor ante la Fiscalía.

La querella apuntaba posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos desde abril de 2006 (las negociaciones previas para que Valencia acogiera un Gran Premio) hasta el 19 de julio de 2011, cuando la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor.

El Gobierno valenciano ha acordado personarse como acusación particular en esta causa, al entender que ha podido haber "un detrimento injustificado a los derechos económicos" de la hacienda pública valenciana, y se puede desprender que "se han producido perjuicios económicos" para la Generalitat.