Señalan "indicios delictivos" de Camps en la gestión de la F-1

La Fiscalía Anticorrupción considera que debe ser el Tribunal Superior de Justicia valenciano el que conozca la querella presentada contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps, aforado como diputado autonómico, por la gestión de la Fórmula 1 en Valencia al existir "sólidos indicios delictivos".

La delegación valenciana de la Fiscalía ha remitido un escrito a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, al que ha tenido acceso Efe, donde concluye que "de los hechos concretos relatados, apoyados en las diligencias practicadas, se desprenden indicios concretos de la posible existencia de hechos delictivos que pueden imputarse" a Camps.

Para la Fiscalía "se cumplen los requisitos fácticos y normativos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos".

El escrito cita jurisprudencia, entre ella un auto del Tribunal Supremo relacionado con el asunto de los ERE en Andalucía, para advertir de que se cumplen los requisitos previstos.

El pasado 19 de diciembre, la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada remitió al TSJCV el texto de su querella contra el expresident, al que sitúa como responsable, negociador y avalista del supuesto desvío de fondos públicos de forma continuada a la empresa Valmor, relacionada con la organización de la Fórmula 1 en Valencia.

El fiscal entiende que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito continuado de malversación, prevaricación y delito societario, del cual resultan responsables Camps, la exconsellera Dolores Johnson y el empresario y expiloto de motos Jorge Martínez Aspar.

En su querella considera a Camps al frente de las negociaciones con el magnate de la F-1, Bernie Ecclestone, y como responsable de haber "rescatado" económicamente a Valmor hasta en tres ocasiones.

"La única persona de la Generalitat que negoció y decidió sobre este tema fue Francisco Camps", según el escrito de Fiscalía, y "existen indicios de que Camps concertó con Aspar" que, en realidad, quien organizaría la prueba sería la empresa pública Circuito del Motor.

El fiscal enumera asimismo los "rescates" públicos a la empresa de Aspar, Fernando Roig y Bancaja (Valmor) al no exigirle contraprestación económica por los servicios prestados por Circuito del Motor, haber abonado el canon al que no hizo frente Valmor y en tercer lugar haber avalado nuevamente a esta firma ante Ecclestone días antes de su dimisión en julio de 2011.