Una jubilada de 92 años entra a una tienda para arreglar su móvil y sale con 4.500 euros en deudas: “Fueron estafados”
Una visita rutinaria se convierte en otro abuso más hacia nuestros mayores. El Gobierno de Suiza se ha visto obligado a intervenir.
Lo que debía ser una simple visita técnica terminó convirtiéndose en un pequeño desastre para Elisabeth Lange, una mujer suiza de 92 años que solo quería arreglar un problema con su móvil. Según detalla el medio local 20 Minuten, la mujer entró en una tienda de telefonía de Berna esperando encontrar a alguien capaz de echarle una mano y salió con un mazazo en forma de contratos que nunca necesitó ni pidió. No fue un malentendido, sino un vendedor que vio en la fragilidad de la anciana su gran oportunidad.
Tal y como se puede leer en el tabloide, la anciana se encontró firmando papel tras papel sin comprender qué estaba haciendo exactamente. Cada vez que preguntaba por la necesidad de tantas firmas, el comercial la tranquilizaba con una frase que, en retrospectiva, suena casi cruel: “Todo es parte de una misma factura”. Confiando en la palabra del empleado, Elisabeth ponía su firma donde le señalaban sin imaginar que estaba comprometiéndose a algo mucho más grave que un simple trámite administrativo.
Al salir de la tienda, la situación era surrealista. En apenas unos minutos, la mujer había contratado sin saberlo cinco tarifas telefónicas con una cuota mensual que superaba los 200 euros y que la comprometían durante 24 meses. Además había pedido que le enviaran cuatro smartphones y cinco altavoces. En otras palabras, un botín comercial completamente injustificable para alguien que lo único que quería era reparar su teléfono. Había sido víctima de un vendedor aprovechado de su desconocimiento y su confianza.
Cuando la familia descubrió lo que había ocurrido, trató de intervenir y deshacer la operación, pero la respuesta de la tienda fue tan dura como el propio engaño. Se negaron a la cancelación de los contratos a menos que la mujer pagara una penalización de 4.200 francos, algo más de 4.575 euros. La idea misma de exigir esa cantidad a una mujer de 92 años que nunca quiso contratar nada parece sacada de un manual de tácticas de presión corporativa sin escrúpulos.
El caso, para colmo, no es aislado. Otro cliente de 83 años y con demencia había sido manipulado de forma parecida y en esa misma tienda. Cinco contratos, cinco teléfonos, mismo método. Oliver Sidler, mediador de la Oficina Federal de Comunicaciones al que se ha puesto al frente del caso, ha reconocido sin rodeos que “los han estafado”.
Sindler ha tenido que intervenir en la situación debido a la presión mediática, promovida a su vez por ciudadanos hartos de casos como el de Elisabeth. Su historia es de las pocas que no ha tenido final amargo. Al llegar a las grandes instituciones se anularon los contratos y se aplicaron sanciones a los empleados implicados. Pero más allá de esta resolución particular, queda una pregunta difícil de esquivar: ¿cuántas personas vulnerables pasan por situaciones así sin que nadie llegue a enterarse? Aquí, la reparación llegó. En muchos otros casos, la factura (y la injusticia) siguen acumulándose en silencio.
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