La piratería puede tener los días contados dependiendo de lo que decida el Tribunal Supremo de Estados Unidos
El caso Cox contra Sony puede cambiar la forma en la que accedemos a Internet.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha escuchado ya los argumentos de Cox Communications y de las discográficas encabezadas por Sony Music en un caso que, formalmente, trata sobre la responsabilidad de un operador ante la piratería de sus clientes, pero que en la práctica abre una pregunta mucho más inquietante: ¿hasta qué punto puede una empresa privada cortar el acceso a Internet de un hogar, una universidad o un hospital basándose sólo en acusaciones de infracción de copyright?
El origen del conflicto está en la interpretación del “puerto seguro” de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), que protege a los proveedores de Internet si adoptan una política razonable contra los reincidentes. Cox ya fue condenada por un jurado en 2019 a pagar 1.000 millones de dólares (unos 860 millones de euros) por no cortar a tiempo a los supuestos infractores, una cifra que el tribunal de apelaciones anuló en 2024 aunque mantuvo que la compañía incurrió en infracción contributiva dolosa. Ahora el Supremo debe decidir si basta con que la operadora sepa que desde una conexión se piratea música para considerarla legalmente cómplice.
Durante la vista, Sonia Sotomayor afeó a la defensa que dejara de actuar frente a usuarios reincidentes y que no se implicara más con universidades o grandes edificios de viviendas para trasladar avisos y medidas internas, una actitud que, según sugirió, pudo indignar comprensiblemente al jurado. Frente a esa visión, la empresa insiste en que tiene su propio programa antipiratería, que envía cientos de avisos diarios y suspende miles de cuentas al mes, y que buena parte de los avisos se concentran en grandes clientes como campus universitarios, hoteles o pequeños ISPs que revenden su conectividad.
Entre convertir a las telecos en policía y dejar la piratería sin freno
En otro bando desde los jueces integrantes del alto tribunal fue casi el inverso. Samuel Alito planteó el escenario de una universidad con 50.000 estudiantes en la que una parte mínima usa BitTorrent para descargar música: identificar a los individuos, expulsarlos de la Red y perseguir a los siguientes que aparezcan después parece, en sus palabras, “poco viable” operativamente. Neil Gorsuch dio un paso más y propuso que quizá sea el Congreso, y no el propio tribunal, quien deba definir de forma clara los límites de la responsabilidad secundaria en Internet antes de que la jurisprudencia los expanda demasiado.
La posición del Gobierno federal está alineada, de hecho, con la operadora. El viceprocurador general adjunto defendió que la responsabilidad secundaria se reserva a quienes actúan con propósito de facilitar la conducta ilegal y que, si Cox ofrece el mismo acceso genérico a infractores y no infractores, es muy difícil inferir ese propósito. Además, advirtió de que la idea de cortar “todo acceso a Internet” a una persona como remedio estándar resulta extremadamente desproporcionada, dadas la centralidad de la Red en la vida moderna y las implicaciones para la Primera Enmienda.
En el fondo, el Supremo intenta escapar de dos extremos igualmente problemáticos: de un lado, una industria musical que reclama que los proveedores se conviertan, literalmente, en policía del copyright y expulsen agresivamente a cualquiera que acumule avisos; del otro, una operadora que invoca su papel de mera infraestructura neutral para minimizar hasta dónde debe llegar su obligación de cooperar. La sentencia, que se espera para 2026, no sólo definirá cuánto miedo tendrán las telecos estadounidenses a perder el “puerto seguro” de la DMCA: también marcará, muy probablemente, el tono de los próximos debates globales sobre hasta qué punto estamos dispuestos a condicionar el acceso a Internet a cambio de proteger los derechos de autor.
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