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El Gobierno contra los streamers e influencers con la nueva Ley de Comunicación Audiovisual

La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual permitirá regular los streaming de los creadores de contenido incluso si no viven en España.

El Gobierno de España ya ha dado luz verde a la nueva Ley de Comunicación Audiovisual (Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual) que pretende "regular" cualquier contenido emitido en Twitch, YouTube o plataformas de streaming similares. No sólo eso, sino que dará igual si los creadores de contenido viven en Andorra, Europa o al otro lado del charco, pues la medida también pretende combatir todas las espantadas del país para pagar menos impuestos. El lugar de residencia dejará de importar y se considerará establecidos en España a todos aquellos con algún tipo de vínculo con el país o su economía. Vínculos que pueden reducirse al mero hecho de grabar y emitir contenidos para consumidores españoles.

La intención del Gobierno es equiparar a los streamers con las cadenas de televisión y los medios de comunicación, estipulando un código de conducta que aborda temas como "salud pública", "dignidad de la mujer" y "protección contra la desinformación". En caso de no cumplir con el mismo, la administración podrá multar a los creadores directamente y hasta cerrar su canal sin necesidad de establecer diálogo alguno con las plataforma en la que trabajen y sin tener en cuenta las normas de ésta. A su vez, aquellos canales y espacios más afines a lo establecido podrán aspirar a nuevas subvenciones y ayudas.

Los streamers e influencers tendrán que inscribirse en el Registro y tomar medidas "destinadas a proteger a los menores" siempre y cuando (1) obtengan unos ingresos significativos a través de sus emisiones, (2) sean responsables editoriales de sus contenidos, (3) alcancen a un público general y tengan impacto sobre él, (4) pretendan informar, entretener o educar a través del audiovisual, y (5) siempre que la actividad se desarrolle sobre redes de comunicación españoles o siempre que el usuario se encuentro viviendo en España. Por si fuera poco, pasarán a ser agentes presentes en el mercado audiovisual, se regulará su publicidad y tendrán que contribuir a la financiación de RTVE.

La Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) dispone que algunas de sus medidas entrarán en vigor a los tres meses de su publicación (en octubre, como son los casos de las relativas a la publicidad y protección de menores), mientras que otras lo harán a lo largo de 2023 (como las aportaciones a RTVE). La Ley también incorpora ya una normativa sobre quiénes serán considerados usuarios de especial y relevancia y deberán inscribirse en el nuevo Registro estatal de prestadores de servicios.