Un tribunal francés sentencia que Steam debe permitir la reventa digital
El Tribunal de Distrito de París determina que los usuarios de la plataforma de Valve son los dueños de los videojuegos que compran y tienen derecho a la reventa.
Un tribunal francés ha sentenciado que los usuarios de Steam son los propietarios de los videojuegos que compran, con lo que tienen derecho a la reventa de productos digitales comprados en la plataforma de Valve y que la propia plataforma les niega. Así lo ha afirmado el Tribunal de Distrito de París, nuevo movimiento que podría provocar grandes cambios en el actual panorama digital de la compra de juegos.
Demanda de un grupo de consumidores
Y es que el grupo francés de derechos al consumidor UFC Que Choisir emprendió acciones legales contra Valve Corporation años atrás al no estar de acuerdo con las cláusulas impuestas a los usuarios de Steam, donde se apunta a que los compradores de productos digitales de Steam no son los dueños de aquello que adquieren en la plataforma.
La sentencia basa su alegato en que Steam no vende suscripciones, sino que en realidad vende licencias de videojuegos, una norma que debe ser común en todas las plataformas de venta digitales; a partir de este punto, el tribunal asegura que los usuarios de Steam son en realidad los propietarios de los juegos y tienen todo el derecho de vender sus juegos comprados en formato digital, tal y como ocurre con el formato físico.
Aunque la sentencia va más allá, asegurando que Valve lleva a cabo otras prácticas de dudosa ética como retener los fondos de Steam Wallet cuando los usuarios abandonan la plataforma o la falta de responsabilidades por parte de Valve si su software tiene efectos negativos sobre el hardware del usuario, entre otras.
Valve ya ha hecho públicas sus respuestas sobre la sentencia, alegando que Steam es un servicio de suscripción; tanto es así, que sus responsables no están en absoluto de acuerdo y que la sentencia no tendrá efecto alguno sobre el modelo de negocio de la plataforma mientras se pueda apelar.
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Sea como fuere, este caso puede marcar un antes y un después en la normativa sobre la distribución digital de contenidos en Francia y toda la Unión Europea.