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POLIDEPORTIVO

La Ley del Deporte llega al Congreso con plazo de enmiendas hasta el 17 de febrero

La Asociación de Futbolistas Españoles y ProLiga son dos de los colectivos deportivos que se han mostrado dispuestas a remitir enmiendas de varias índoles.

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La Ley del Deporte llega al Congreso con plazo de enmiendas hasta el 17 de febrero
Concha Ortega OrozEuropa Press

La Mesa del Congreso ha remitido a la Comisión de Cultura y Deporte para su aprobación el proyecto de Ley del Deporte, con el establecimiento de un plazo de enmiendas que finalizará el jueves 17 de febrero.

Colectivos del mundo del deporte como la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) o ProLiga, que representa a clubes no profesionales de fútbol, ya han avanzado su intención de remitir enmiendas, relacionadas con temas de convenio colectivo, fiscalidad y con la supresión de competencias del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), en el caso del segundo, por la obligación de acudir a la jurisdicción civil para recurrir las sanciones federativas.

El texto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de diciembre para actualizar la normativa vigente desde octubre de 1990, reconoce el derecho a la actividad física y el deporte; regula las distintas figuras de deportistas -profesionales, no profesionales, de alto nivel, alto rendimiento e introduce cambios en el régimen disciplinario.

La vulneración de las reglas del juego y la competición queda en manos de las federaciones deportivas y ligas profesionales, que establecerán su propio sistema de infracciones, sanciones y forma de coerción de estas, respetando los principios esenciales del procedimiento administrativo sancionador pero sin la intervención del poder público en instancia alguna, por lo que el TAD "ya no conocerá en vía de recurso de las sanciones impuestas a miembros de estas entidades ni, lógicamente, el orden contencioso-administrativo".

"Por el contrario", señala, "las diferencias que se sustancien en este ámbito serán susceptibles de resolverse en la correspondiente jurisdicción civil, o mediante el sometimiento voluntario y previo a un sistema arbitral, quedando las vías heterocompositivas limitadas a la previa resolución del TAD".

La futura ley exceptúa, "no obstante aquellas sanciones que supongan privación, revocación o suspensión definitiva de todos los derechos inherentes a la licencia por la comisión de infracciones muy graves".

Entre otras novedades, el texto acaba con la obligación de transformación en sociedad anónima deportiva para participar en competición profesional, que se impuso para tratar de acabar con la insolvencia de los clubes profesionales de fútbol principalmente.

Según indica, actualmente existen otros mecanismos de control financiero dada la capacidad de las entidades organizadoras de la competición para establecer sistemas de control internos a los participantes, que "han resultado verdaderamente útiles para garantizar la viabilidad y la integridad de las competiciones".

Igualmente con la nueva ley desaparece la exigencia del aval bancario del 15% del presupuesto de gasto obligatorio para el acceso a las Juntas Directivas de los clubes y serán estos los que establezcan libremente en sus estatutos los requisitos tales como avales o antigüedad.

La exposición de motivos de la ley que llega al Congreso señala que "no podía ignorar el desamparo legal de las mujeres deportistas en situación de embarazo ante la pérdida de ayudas y subvenciones bajo el pretexto de no haber competido" y alude a la pérdida de derechos como el del voto en las asambleas generales de las federaciones, "así como las dificultades manifiestas para la conciliación familiar y la reincorporación a la actividad deportiva tras la maternidad".

"Para ello, las deportistas mantendrán sus derechos de voto aun cuando no cumplan los requisitos generales establecidos en la ley, especialmente los que exigen el mantenimiento de un tiempo mínimo de la licencia o de la práctica de la actividad deportiva, y conservarán sus derechos como deportistas de alto nivel una vez transcurrido este periodo, sin perjuicio de la necesidad de implementar políticas activas que asienten estos principios", añade.