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DOPAJE

La AMA gasta 1,3 millones para no sacar los nombres de la Operación Puerto

La AMA hizo un gran dispendio económico durante el proceso para finalmente no revelar los nombres de los implicados, diez hombres y una mujer.

Actualizado a
La AMA gasta 1,3 millones para no sacar los nombres de la Operación Puerto
JAVIER GANDULDIARIO AS

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) acusa a España de enterrar la Operación Puerto, no sin razón: ausencia de legislación en su origen, inacción de las instituciones, obstrucción, demoras judiciales… No obstante, la propia AMA decidió poner fin a su investigación sin publicar los nombres de los implicados: diez hombres y una mujer, según el cotejo de las bolsas de sangre y el ADN de los deportistas efectuado por el Laboratorio de Lausana (Suiza). Así se produjo un cierre en falso después de más de un millón de euros en abogados y distintos especialistas, y casi 300.000 más destinados al estudio de los perfiles hematológicos.

La Operación Puerto estalló en mayo de 2006, cuando la Guardia Civil intervino contra la extensa trama encabezada por Eufemiano Fuentes. Sin embargo, los casos caducaron en 2014. La AMA invirtió primero en un equipo de letrados, para conseguir la sangre y la identidad de los involucrados durante el juicio. Luego, en un experto en protección de datos, para valorar a principios de 2018 si su revelación atentaría contra la intimidad, ya que el procedimiento se extinguió y no se iban a poder imponer sanciones administrativas. Las infracciones prescribieron por tan sólo 22 días, cuando la sentencia definitiva de la OP se esperaba para enero de 2016 y se superaron los marcos retrospectivos de los ocho y los diez años.

A pesar de que los análisis de ADN se completaron en Lausana, en la AMA (dividida en varios frentes sobre cómo poner fin a una "mancha terrible") se consideró "demasiado arriesgado" comunicar los resultados y exponerse a una lluvia de demandas. En su seno prefieren reducir el número de personas que conocen los nombres para evitar filtraciones.

En España tampoco existe ningún interés por asumir esa responsabilidad. Ni la Agencia (AEPSAD) ni el Consejo Superior de Deportes (CSD) pretenden hacerse cargo de la situación. Un coste muy elevado para la credibilidad del sistema antidopaje, incluidos los gastos millonarios de la AMA.