Irregularidades en el nuevo juicio dan esperanzas a Pablo Ibar de evitar la pena de muerte

Pablo Ibar, pelotari frustrado y sobrino del legendario y ya fallecido boxeador Urtain, tiene esperanzas, por primera vez en muchos años, de evitar la pena de muerte. El pasado mes de noviembre se inicio el cuarto juicio contra el estadounidense de origen español nacido en Fort Lauderdale hace 46 años. En las primeras semanas de la vista oral se han sucedido irregularidades y las pruebas presentadas por la fiscalía son las mismas que fueron consideradas por el Tribunal Supremo de Florida como "escasas y débiles" para condenar "injustamente" a Ibar. La Asociación Contra la Pena de Muerte Pablo Ibar relata con todo lujo de detalles las sesiones celebradas hasta ahora, que están resultando muy favorables para un hombre que ha estado en el corredor de la muerte 16 años.

Hace más de 24, Pablo fue acusado, junto con Seth Peñalver, del triple homicidio en Miramar (Florida, Estados Unidos), de Casimir Sucharski, propietario de un local nocturno, y dos de sus bailarinas, Sharon Anderson y Marie Rodgers. Tras ser declarado nulo el primer proceso en 1997, en 1999 se celebró el segundo, que fue aplazado por la detención del abogado de oficio de Ibar por un delito de violencia doméstica. En el tercer juicio, en 2000, fue condenado finalmente a muerte. Tras años de apelaciones, ya con abogados de prestigio como Peter Raben y Benjamin Waxman gracias a las gestiones de la Asociación, el sobrino de Urtain logró que se se anulara su sentencia y se repitiera la causa por defensa letrada ineficaz. Fue en 2016, pero hasta hace un mes no comenzó. Peñalver había conseguido en 2012 que le concedieran un nuevo juicio en el que fue declarado inocente por un jurado de 12 personas en el tribunal de Broward County, donde habían sido condenados a la pena capital tanto él como Ibar. Varias irregularidades y la falta de pruebas suficientes y concluyentes para demostrar su culpabilidad salvaron a Peñalver. A eso mismo se agarra ahora su supuesto cómplice.

Dennis Bailey, amigo de Chuck Morton, fiscal original de la acusación que abandonó su jubilación para participar otra vez en ella, es el juez del nuevo pleito en el que 18 personas (11 mujeres y 7 hombres) de orígenes afroamericano, hispano y caucásico con edades comprendidas entre los 20 y los 60 años forman parte del jurado que decidirá el destino del condenado. Los argumentos de la fiscalía, presentados inicialmente por un adjunto, William Sinclair, siguen siendo básicamente los mismos: un vídeo de escasa resolución con destellos de luz de la cámara de videovigilancia del domicilio donde se cometieron los asesinatos y el vago testimonio del único testigo ocular, Gary Foy, con el añadido de un análisis de ADN con una traza que tiene una coincidencia parcial con el de Ibar, sacada de una camiseta en la que hay huellas de otras cinco personas, las víctimas y dos individuos no identificados. En años anteriores, los análisis no habían encontrado coincidencia alguna con Ibar. Kevin Kulik, uno de los actuales abogados de Pablo, desmontó con facilidad el alegato de Sinclair.

Declararon primero varios de los participantes en la investigación del caso, sin aportar testimonios relevantes ni que relacionaran claramente a Ibar con el crimen, y en la primera semana comenzaron los incidentes. En la segunda jornada se personó en la sala Peñalver, que lo tenía prohibido al haber sido designado como testigo por ambas partes. Después fue expulsado un miembro del jurado, uno de los hombres, por quedarse dormido. Dos días después, una de las mujeres se dio de baja por enfermedad y la fiscalía presentó una versión mejorada del famoso vídeo sin explicar el método usado para clarificar las imágenes. Además, el investigador del escenario del crimen aseguro que había recogido más de 100 huellas dactilares sin que ninguna se correspondiera con las de Ibar. Por si esto fuera poco, el fiscal Morton y el expolicía Sailing manipularon pruebas del lugar sin guantes delante del jurado. Una delegación española de la mayoría de los partidos representados en el Senado asistió a las primeras vistas y comprobó de primera mano las incongruencias de la acusación junto a los familiares de Ibar. Para colmo, Francisco Molinero Hoyos, vicepresidente primero de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados sufrió un infarto camino del aeropuerto, del que se recupera favorablemente.

Las contradicciones de Gary Foy

En la segunda semana del proceso, la fiscalía presentó un nuevo peritaje de las huellas con estándares actuales que convertía al anterior en "no concluyente" según su estimación. Se produjo la comparecencia del testigo ocular, Gary Foy quien, desaliñado e impreciso, declaró que había visto desde su coche por el retrovisor cómo huían los asesinos en el Mercedes de Sucharski, una de las víctimas, hasta un semáforo, y que Ibar era quien iba de copiloto. Pero reconoció que pese a que en el reconocimiento fotográfico señaló claramente a Ibar, lo hizo rápidamente porque su mujer le había dicho que no se implicara más de lo necesario en el asunto. El fiscal no le preguntó si reconocía en la sala a la persona que identificó por aquel entonces. Días después, otro abogado del encausado, Fred Haddad, acorraló al inconsistente detective Manzella, encargado de la investigación del triple homicidio y demostró que había mentido intentando modificar sus anteriores declaraciones para perjudicar a Ibar. Por ejemplo, Manzella aseguró que Ibar bajó la cabeza en señal de culpabilidad cuando una vez le enseñó una foto sacada del video, pero la defensa aportó las transcripciones de los anteriores juicios, y en todas el policía había declarado que Ibar negó que fuera el hombre de la foto. Muchos miembros de jurado movieron la cabeza en señal de incredulidad mientras se derrumbada el testimonio de Manzella.

En la tercera semana, la fiscalía se dedicó a tratar de desacreditar la validez de las pruebas mostradas en los anteriores juicios y apelaciones y argumentó que la madre de Ibar, María Casas, ya fallecida, reconoció a su hijo en el vídeo, lo cual contradice lo que ya había sido demostrado a lo largo de los años, que Casas siempre lo negó en sus testimonios que figuran por escrito y fueron presentados por la defensa. La acusación también trató de demostrar que era posible que la camiseta con las huellas de las víctimas, con publicidad de una empresa de electricidad (CES), hubiera llegado a manos de Pablo a través de su madre, que trabajaba en otra del mismo sector (SFE). También salió a la luz que Gary Foy no vio en la rueda de reconocimiento en la que estuvo Ibar a los otros cinco sospechosos que le habían enseñado en fotografías. Gloria Debeck, que realizó las pruebas de ADN de la prenda en 2009 después de que Juan Gispert declarara que conocía al verdadero perpetrador del crimen, William Ortiz, por que se lo relató con todo detalle, admitió que no desconocía el origen del cabello que le proporcionaron para comparar y que descartó a Ortiz y que, además, la bolsa donde le entregaron la camiseta tenía signos de haber sido abierta y cerrada varias veces. Gene Glemetzko, conocido de Ibar y Peñalver reconoció de nuevo (lo había hecho ya en 2012) que había prestado falso testimonio contra ellos por enemistad y por primera vez reveló que le habían pagado 1.000 dólares por hacerlo, concretamente Manzella. En su día había dicho que ambos recogieron una pistola en una casa que compartían y que la habían devuelto posteriormente.