El 'caso Urdaibai' se desinfla al exculpar a cuatro acusados
Sólo permanecen en la causa el presidente (Zabalondo), entrenador (Francisco), la enfermera del club (Ormaza) y el doctor Maynar. Tras cinco días, visto para sentencia.
El juicio por la presunta red de dopaje en Urdaibai para mejorar el rendimiento deportivo de los remeros de la trainera de Bermeo con el objetivo de ganar la Bandera de La Concha en 2010 quedó visto para sentencia con la sensación de que los indicios son contundentes pero apenas se sustancia en pruebas tangibles. Había diez imputados y la fiscal elevó la libre absolución por falta de pruebas de las dos farmacéuticas acusadas en el proceso, además de la esposa del entrenador de esa trainera (Sonia Boubeta) y el exciclista Antonio Arenas, al que acusaban de haber entregado EPO que tenía almacenado de su época de corredor.
Las acusaciones pidieron que se condene a Teresa Mesa, esposa del agente y que reconoció haber enviado a Urdaibai paquetes con sustancias dopantes; y a Marcos Maynar, médico y profesor de la Universidad de Extremadura acusado de administrar ese tipo de productos a los deportistas; así como a quienes eran presidente, entrenador, médico y enfermera del club en aquella temporada, Josu Zabalondo, José Manuel Francisco, Borja Garay y Arantza Ormaza, respectivamente. Los letrados de Garay y Mesa llegaron a sendos acuerdos con las acusaciones de manera que asumieron los hechos expuestos por la fiscal pero no la condena. En concreto, se solicita para el galeno una pena de un año de prisión, que puede ser sustituida por una multa, por el delito continuado contra la salud pública, además de otros seis meses de prisión por el delito de falsificación de documento privado, también alternativo con una multa, además de la inhabilitación especial para ejercer en la medicina deportiva. Para Mesa, las acusaciones piden seis meses de cárcel, que también podrían ser sustituidos por una multa y para el resto de acusados (Zabalondo, Francisco, Ormaza y Maynar) se mantiene la petición de dos años y seis meses de cárcel.
La jueza advirtió a las partes de que le corresponde resolver respecto las condenas de los acusados, al margen de los acuerdos entre partes. En su escrito de conclusiones, el Ministerio Público destacó la existencia de indicios como la ocultación de datos para la investigación por parte de Urdaibai y la falta de justificación para la compra de gran cantidad de medicamentos, supuestamente empleados como dopantes, así como la adquisición de centenares de jeringuillas y material para inyecciones.
Instó a la fiscal a hilar los indicios "con un razonamiento lógico" hasta deducir la existencia del delito continuado contra la salud pública, dado que la existencia de este tipo penal puede sostenerse sobre pruebas indiciarias y no directas, por su complejidad, sostuvo. Cuestionó que "si no se está haciendo nada reprochable, por qué desde el club nadie quiso decir nada y por qué su presidente paga" la recepción de los paquetes pero "no da razón" del contenido de los mismos durante el proceso, lo que estimó como actuación de "ignorancia deliberada", que a su juicio, "es tan reprochable como el dolo directo".
Defendió la existencia de un concierto entre el presidente del club, el entrenador y el médico extremeño para suministrar sustancias que aumenten el rendimiento de los remeros y manifestó su convicción de que esos tres acusados "utilizaron" al doctor Garay "para tapar la actuación delictiva de Maynar". "En el tráfico de drogas, siempre hay unos que dan la cara y otros que organizan la trama", sentenció.
Los testigos declararon en el juicio que se les inyectaban sustancias y que tomaban vitaminas y batidos, por lo que la fiscal consideró que la falta de un libro de registro como exige el reglamento del deporte, con cada uno de los medicamentos que se inoculan o administran a cada deportista, supone "un indicio grave de que no les importaba la salud pública nada de nada". Dedujo que los remeros consentían el dopaje que les administraba porque "se jugaban el cocido", ya que muchos siguieron remando en esa trainera o en otras, al tiempo que, sobre los informes periciales, ha destacado la peligrosidad para la salud de muchas de las sustancias que presuntamente utilizadas.
Asimismo, consideró como hechos objetivos las declaraciones de Mesa sobre los envíos de EPO a Urdaibai y los ingresos de dinero destinados a Maynar y Mesa como proveedores de las sustancias. La acusación popular, en representación del que fuera entrenador de Kaiku en el momento de los hechos, José Luis Korta, presente por segunda vez en la sala como público, también subrayó "el auténtico arsenal" de medicaciones que se remitían al club y puso en valor la declaración de un remero como testigo protegido, quién relató que aquella temporada se les inyectaba más de ocho sustancias a cada deportista, que le provocaron problemas de salud.
Las defensas evidenciaron la falta de elementos probatorios ya que las acusaciones no han demostrado ni qué sustancias se pinchaban, ni en qué cantidad o dosis, ni a qué remeros, de manera que, a su entender, está sin determinar si hubo o no un riesgo real para su salud.
Se cedió la palabra a los encausados y sólo accedió Maynar a leer un discurso escrito en un papel con el que se abanicó durante una hora, al agobiarse por el calor. Durante toda la jornada estuvo asintiendo y, mayoritariamente, negando, susurrando y hasta haciendo gestos de desaprobación con el dedo ante las conclusiones de algunos letrados. Mantuvo su versión de que la relación con el entrenador, Francisco, era puramente amistosa. "Los que me conocen dicen que soy una persona honrada en el ámbito personal y profesional", esgrimió. Agregó que ha asistido a cosas "que sólo he visto en las películas". "No me esperaba los comentarios subjetivos sobre mí de colegas de profesión". Acabó diciendo que lo ha pasado "muy mal" durante todo el proceso.