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Dopaje

Eufemiano: inhabilitación de cualquier práctica médica

La Abogacía del Estado pide que la inhabilitación sea "para toda la práctica de la profesión de médico, independientemente de la concreta especialidad del acusado".

Madrid
FOCO MEDIÁTICO. La figura de Eufemiano Fuentes atrajo a muchos periodistas internacionales.

Eufemiano Fuentes fue señalado, tanto en la instrucción como durante el juicio, como el cabecilla de la trama de la Operación Puerto. Como consecuencia se llevó la condena mayor: un año de cárcel y una inhabilitación de cuatro como médico deportivo.

La precisión de que esta inhabilitación es exclusivamente "para el ejercicio de la medicina deportiva" es motivo de discrepancia para la Abogacía del Estado, que pide esa inhabilitación "para toda la práctica de la profesión de médico, independientemente de la concreta especialidad del acusado".

La Abogacía alude a una sentencia del Tribunal Supremo sobre una especialista en obstetricia que fue condenada con "inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión sanitaria".

Pero más contundente parece el segundo argumento utilizado por Lucía Pedreño cuando aduce que "la especialidad de Medicina Deportiva para la que se inhabilita al acusado Fuentes no existe como tal". Y en el texto hace énfasis en ese "no existe como tal" con letra en negrita. A continuación añade la relación de "especialidades en ciencias de la salud", según un Real Decreto de 2008, donde se comprueba que "no existe la especialidad de Medicina Deportiva, por lo que no cabe hablar de inhabilitación para el ejercicio de dicha especialidad, quedando vacía de contenido la pena de inhabilitación especial impuesta a Fuentes, al no ser ejecutable". 

En otros apartados, la abogada del Estado también pide condenas mayores para Eufemiano Fuentes. Por un lado, igual que ocurre con Ignacio Labarta, considera que los hechos deben considerarse como "continuidad delictiva", lo que podría aumentar la pena hasta dos años y medio de prisión.

Si la Audiencia Provincial no estimara este punto, la abogada ofrece otros razonamientos para solicitar la imposición de "la pena en su máxima extensión", que sería de dos años. El recurso considera "incongruente" con la condena actual una afirmación de la juez Santamaría en su sentencia donde reconoce "la gravedad de las conductas enjuiciadas".