La Operación Puerto persigue a Madrid 2020 en SportAccord

Reunión con la prensa internacional en el SportAccord de San Petersburgo. Primera pregunta del especialista de Inside the Games (influyente web de olimpismo), a la que seguirían otras sobre el mismo tema, a los responsables de Madrid 2020: “¿Cuál es su opinión sobre el escándalo de la Operación Puerto?”.

La sentencia, resuelta con un año de prisión a Eufemiano Fuentes, que no deberá cumplir, además de cuatro de inhabilitación como médico deportivo y la negativa a entregar las bolsas de sangre para identificar a sus clientes, parece que perseguirá a la candidatura hasta el 7 de septiembre en Buenos Aires, cuando 105 votantes del COI decidan entre Madrid, Estambul o Tokio para los Juegos del 2020. Eso y la economía son los dos caballos de batalla.

“Es difícil de explicar por qué la juez no da las bolsas cuando las obtuvo Alemania para sancionar a Ullrich o Italia a Basso. Incluso el CONI (Comité Olímpico Italiano) para castigar a un español (Alejandro Valverde). Es un agravio comparativo”, admite Alejandro Blanco por teléfono desde Rusia. “Pero la Operación, aunque nos esté dando problemas, se monta para acabar con el dopaje y ahora hemos adecuado la Ley a lo que el deporte pide”, compensa. 

Algo de eso ya se avanza en una carta que se ha enviado a todos los miembros del COI centrada en la economía y firmada por Blanco y los tres españoles del COI: Marisol Casado, Patxi Perurena y Juan Antonio Samaranch. “El presupuesto de construcción (unos 1.500 millones de euros) es inferior al de organización por primera vez y lo que falta es totalmente asumible. Tanto Jacques Rogge como la Comisión de Evaluación dijeron que eso no sería un problema”, relata el presidente del COE, que se ha hecho acompañar por los secretarios de Estado de Comercio (Jaime García-Legaz) y de Deporte (Miguel Cardenal) para que se visualice el apoyo del Gobierno.

Además, ya está redactada otra misiva, lista para ser enviada cuando la Ley Antidopaje entre en vigor previsiblemente el 14 de junio, en la que se detalla la adecuación al Código de la AMA y la posibilidad (no obligatoriedad) de que un juez entregue las pruebas que se obtengan en un proceso penal para sancionar administrativamente a un deportista por dopaje. Un intento de incidir, directamente, en los votantes. “La gente quiere seguridades y hay que dárselas. Por escrito quedan mejor plasmadas”, valoró Víctor Sánchez, consejero delegado, a Efe.

Todo eso resuena por los pasillos del SportAccord ruso, donde se dan cita 2.000 representantes del deporte y media centena de miembros del COI.