"Hay daños que se manifiestan incluso en otra generación"

Hasta cinco peritos declararon ayer en el juicio de la Operación Puerto, dos de ellos en defensa de un informe sobre los daños de los productos dopantes que encargó la Guardia Civil el 27 de febrero de 2006, cuando iniciaba las pesquisas sobre un caso que remató el 23 de mayo con las detenciones. María Ángeles Dal-Re, entonces subdirectora general de Inspección y Control de Medicamentos, firmó el estudio, que elaboró y redactó Manuel Ibarra.

El propio Ibarra desgranó la pesadilla de los efectos adversos que pueden generar los productos dopantes en personas sanas. La hormona del crecimiento: hiperglucemia, acromegalia, desarrollo de tumores... Los anabolizantes: esterilidad, riesgos cardiovasculares, problemas hepáticos y renales, tumores, crisis psicóticas... La EPO: trombos, cáncer, problemas cardiovasculares...

"Algunos de estos efectos adversos se manifiestan en un periodo corto, pero hay otros que lo hacen a largo plazo, que puede ser de diez años o incluso en la generación siguiente", explicó Ibarra a preguntas de las defensas. El exciclista Jesús Manzano pide (a excepción de a Manolo Saiz) una indemnización precisamente por posibles daños.

Ibarra añadió que "los efectos perjudiciales aumentan fuera de los usos no autorizados, o si se toman en dosis superiores a las indicadas, o si se combinan los productos".

Antes, el jefe del departamento de Medicamentos de Uso Humano, César Hernández, había dicho que el uso de EPO para alterar la sangre supone "un riesgo difícil de evaluar y de entender".

Manuel Oñorbe, que rubricó un informe sobre la elevación del hematocrito cuando era director general de Salud Pública, recordó en el cierre del día que las transfusiones "sólo pueden hacerse en centros acreditados", y "siempre por personal sanitario y supervisadas por un médico". Además apuntó que las donaciones en España son "altruistas", por lo que "un mercadeo de la sangre sería ilegal y un riesgo para la salud pública".