La juez anula parte de las escuchas a Marta

Mercedes Pérez Barrios, juez del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, ha anulado a efectos jurídicos algunas de las escuchas realizadas en el transcurso de la Operación Galgo a Marta Domínguez, José Alonso Valero (su representante), al entrenador Manuel Pascua Piqueras y a la esposa de este, la exatleta internacional María José Martínez Guerrero.

Pero esa anulación no afecta a otras investigaciones sobre la atleta palentina, actual campeona mundial de 3.000 metros obstáculos, entre las que se cuentan la presunta comisión de un delito fiscal y el suministro de un fármaco supuestamente dopante, sin haber receta médica por medio, a una persona relacionada con ella, concretamente a su liebre, Eduardo Polo.

La orden de intervenir judicialmente los teléfonos la dictó en primer lugar el juez Santiago Torres, titular del jugado de Instrucción número 32 (estaba de guardia en esos momentos), pero Mercedes Pérez Barrios prorrogó la decisión, aunque ahora ha cancelado parte de las escuchas realizadas.

El auto dice en su parte dispositiva que "se estiman parcialmente los Recursos de Reforma interpuestos por la representación de Marta Domínguez, José Alonso, Manuel Pascua y María José Martínez. E íntegramente los recursos de Alberto García", por no considerar las escuchas proporcionadas a la pena (dos años) que derivaría del delito (grave es a partir de cinco). Sin embargo, "se desestiman los recursos interpuestos por César Pérez, José Luis Pascua Piqueras, Eufemiano Fuentes y Yolanda Fuentes". El auto reconoce que hay "sospechas de que Marta Domínguez fuese consumidora de sustancias prohibidas en el deporte, lo que daría lugar a una sanción en dicho ámbito pero nunca a una imputación penal". En España el consumo de sustancias prohibidas sólo conlleva una sanción deportiva, pero nunca penal, que está reservada a los traficantes e inductores.

José Rodríguez, abogado de Marta Domínguez, dijo ayer a este periódico que "la decisión de la juez es una buena noticia", y aseguró: "Las decisiones judiciales nos están dando la razón, favoreciendo". Rodríguez añadió: "Nosotros siempre hemos sido optimistas sobre el desenlace de todo esto", pero también auguró que "habrá recursos a la decisión de la juez; lo tengo muy claro", y que "el proceso judicial será muy largo, aunque no es seguro que haya juicio".

Rodríguez no quiso concretar de dónde procederán esos recursos que él da por seguros, aunque probablemente vengan del Consejo Superior de Deportes.

La Operación Galgo entra en una nueva maraña jurídica, que complicará aún más el mayor escándalo de dopaje en la historia del atletismo español.