El Real Madrid pasa a la acción en el ‘Caso Negreira’
Tras la reunión de urgencia de su Junta Directiva, el club decidió personarse en la causa del caso Negreira si se admite a trámite la denuncia de la Fiscalía.
El Real Madrid tomó la decisión, tras la reunión de urgencia de su Junta Directiva en la mañana de este domingo, de pedir personarse en la causa que puede abrirse contra el Barcelona en el caso Negreira, que se dirime en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona tras la denuncia de la Fiscalía. La decisión se ha tomado por la gravedad de los hechos, tras la denuncia formal de la Fiscalía, que ve claros indicios de que se “realizasen actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones”. El club blanco ha preferido mantenerse al margen para dejar actuar a la Justicia. Por eso prefirió no adherirse al comunicado conjunto realizado por los clubes de Primera y Segunda. Ahora, sólo unas horas después de la presentación de la denuncia por parte de la Fiscalía y la posibilidad de que se abra la causa, pasa a la acción. Si el Madrid queda admitido en el proceso, tendrá acceso a toda la documentación que se baraje en el juicio.
El Real Madrid se convierte, de este modo, en el primer club que pide personarse en la causa contra el Barcelona. Todo, después de que la Fiscalía formalizara su denuncia. En ella, el Ministerio Público acusa como persona jurídica al club catalán, y también a los ex presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por un delito continuado de corrupción en los negocios en su modalidad de fraude deportivo. También se imputa a ambos expresidentes por un delito de administración desleal y, en el caso de Bartomeu, de un tercero por falsedad en documento mercantil. También son acusados dos exejecutivos del club, Albert Soler y Óscar Grau.
Según consta en la denuncia de la Fiscalía tras la que ha pasado a la acción el Real Madrid, a través de sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu el Barcelona alcanzó un “acuerdo verbal estrictamente confidencial” con Enríquez Negreira “a fin de que, en su calidad de Vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones; árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se llevan a cabo en el seno del CTA, organismo encargado, además, de las evaluaciones -en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales”. Ante la gravedad de los hechos, el Real Madrid, una vez que la Justicia ha cogido las riendas del asunto tras su primera investigación, decidió personarse en la causa.
La investigación acredita que desde el año 2001 al 2018, el Barcelona pagó un total de 7,3 millones de euros al que durante todos esos años era número 2 del Comité Técnico de Árbitros. Lo hizo a través de dos sociedades propiedad de Negreira, Nilsat y Dasnil, aunque posteriormente también haya quedado acreditado, para la Fiscalía, que las facturas presentadas no responden “a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real”, a pesar de que el exárbitro había manifestado que prestaba “asesoramiento verbal” al club. Originariamente, fue una inspección fiscal del Ministerio de Hacienda la que sacó a la luz los pagos del Barça a Negreira. Fue entonces cuando se requirió al Barcelona “copia de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento específico. La respuesta del FCB fue que no se había encontrado la documentación requerida”.
La denuncia se dirige contra el Barcelona como persona jurídica y también contra cinco personas físicas: el exárbitro Negreira, los expresidentes Rosell y Bartomeu, el exdirector ejecutivo Óscar Grau y el exdirector de deportes Albert Soler. En el caso del Barça, la Ley del Deporte indica que las sanciones deportivas prescriben a los tres años de que se ha cometido la irregularidad. Sin embargo, el código penal abre la puerta a sanciones de pérdida de descenso administrativo o disolución de la entidad en casos muy extremos o graves. Eso, más allá de las posibles sanciones que pueda establecer la UEFA si finalmente se demuestra que el Barça es culpable, entre ellas, la exclusión por una temporada de cualquier competición europea.