El presidente de la Federación Gallega de Fútbol, al banquillo por fraude y prevaricación

El juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra tiene previsto juzgar este viernes al presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, y a la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro. A él por un supuesto delito de prevaricación y otro de fraude y ella como cooperadora necesaria en relación a unas supuestas irregularidades en las obras del campo de fútbol de hierba artificial de O Buelo en el año 2011, cuando Louzán era el presidente de la Diputación de Pontevedra y Piñeiro la alcaldesa de Moraña.

La causa que llega al edificio de los juzgados de A Parda es una pieza separada de la Operación Patos. Además de Louzán y Piñeiro se sentarán en el banquillo de los acusados otras seis personas: el administrador de Eiriña Construcciones, adjudicataria de las obras; el director general de esta empresa; el entonces director de infraestructuras de la Diputación; dos empresarios de Pontevedra y O Salnés y un arquitecto.

Los ocho están acusados del delito de fraude y además Rafael Louzán se enfrenta a un supuesto delito de prevaricación y como cooperadores necesarios de esta supuesta prevaricación el fiscal acusa a Luisa Piñeiro y a otros cinco acusados más.

En cuanto a la petición de penas, Fiscalía solicita que Louzán y otros dos sean condenados a tres años de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con cualquier cargo en las administraciones públicas. Las penas solicitadas para los otros acusados oscilan entre los dos y tres años de cárcel, además de la inhabilitación en relación con las ayudas públicas y beneficios fiscales.

Hechos que se juzgan

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, en diciembre de 2011 la Diputación de Pontevedra aprobó un convenio con el Ayuntamiento de Moraña para remodelar el campo de fútbol de O Buelo mediante una subvención discrecional del presidente Louzán.

La obra fue adjudicada a la constructora Eiriña y tuvo un sobrecoste de 86.000 euros relativo a unas obras no contratadas, a pesar de que la ley impedía rebasar el importe de la adjudicación. Según la Fiscalía, los acusados "idearon un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa Eiriña el importe que reclamaba sobre el presupuesto aprobado".