El presidente de Las Palmas ya conoce los años de cárcel y la multa millonaria que pide el fiscal
Miguel Ángel Ramírez se ve envuelto en un serio problema judicial, acusado de haber defraudado a Hacienda y a la Seguridad Social.
La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa para el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a quien acusa de haber defraudado 36,66 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social a través de la empresa de vigilancia Seguridad Integral Canaria entre los años 2012 y 2017, según apunta la agencia EFE.
La acusación pública pide, a su vez, 14 años de cárcel y 79,32 millones para Héctor de Armas, la persona que sustituyó a Ramírez como administrador único de Seguridad Integral en 2011, en un movimiento que el Ministerio Fiscal considera una simulación, porque, desde su punto de vista, el primero "siguió tomando todas las decisiones" como propietario del 91 % de la entidad.
Los movimientos sugieren que los acusados eludieron pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, multiplicando sus beneficios de forma sistemática, por lo que se le imputa a Ramírez cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social, mientras que a De Armas le reprocha tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.
Por otro lado, se examinan también las operaciones de reducción de masa salarial a partir del año 2011, con las que consiguieron adjudicarse varios concursos públicos, con costes inferiores a la competencia "camuflando" las horas extras de los vigilantes por dietas para no retener cantidades a sus empleados de cara al IRPF, ahorrándose cotizar por esos pagos a la Seguridad Social.
Por esa vía, añade el escrito que menciona EFE, Ramírez eludió el pago de 6,60 millones de euros a Hacienda y de otros 11,45 millones a la Seguridad Social.
El resto de cantidades presuntamente defraudadas por ambos procesados a las arcas públicas provienen de los acuerdos de empresa que SIC aplicaba a su plantilla tras "descolgarse" del convenio nacional del sector.
Este último instructor que ha tenido esta causa, Arcadio Díaz Tejera, por la que han pasado una decena de jueces desde su apertura, ya ha ordenado la apertura de juicio oral contra los dos acusados.