Las Palmas
Piden 73 años de cárcel para Miguel Ángel Ramírez
Hacienda y la Seguridad Social solicitan dicha condena para el presidente de la UD Las Palmas por un fraude que supera los 20 millones de euros.
Continúan los inconvenientes de los juzgados para Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Como informa El País, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social le piden 73 años de cárcel por un fraude a las arcas públicas que superaría los 20 millones de euros.
Los hechos se remontan, como publicó AS en junio, al periodo comprendido entre los años 2009 y 2013 por medio de la empresa Seguridad Integral Canaria, uno de sus imperios de seguridad privada, a la que ya no pertenece. Según la citada información, la Abogacía del Estado recoge “cinco delitos contra Hacienda y nueve contra la Seguridad Social”. Con una plantilla de varios miles de trabajadores, el supuesto plan ilegal consistía en hacer pasar horas extras y sobresueldos como si fueran desplazamientos o dietas, que no tributan. Las cifras hablan de un fraude de 13,7 millones a la Seguridad Social y 6,5 a Hacienda, lo que elevan la cifra hasta los 20,2 millones de euros.
En esta presunta trama delictiva también está implicado Héctor de Armas, antiguo socio de Ramírez, administrador único de SIC en su momento y con distintas responsabilidades dentro de la propia UD Las Palmas. Según la Agencia Tributaria, de Armas admitió el año pasado que la argucia con las dietas se llevó a cabo para eludir el pago del IRPF y las cotizaciones, afirmaciones que, como asegura El País, han reconocido los empleados de dicha empresa de seguridad que han comparecido como testigos en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, instructor de esta causa, cuyo responsable es Arcadio Díaz Tejera. Igualmente, se piden para Héctor de Armas otros 73 años de prisión.
Para ambos se solicita además una multa de 60 millones, el triple de lo que habrían defraudado, así como una petición de prohibición al acceso de beneficios fiscales y subvenciones.
En declaraciones a El País, el propio Ramírez reniega de los hechos. “No estoy en Seguridad Integral Canaria desde el año 2011”, proclama. MÁR dejó constancia en su día de que el fraude era de ‘solo’ un millón de euros, de lo cual desconfía sobremanera la Agencia Tributaria.
Igualmente, en este proceso ha querido formar parte el sindicato FTSP-USO, acusación particular que pide para Ramírez 37 años de prisión y 236 millones de euros de multa. En 2013 presentó la denuncia que dio origen a este caso.
