Antiviolencia propone la clausura de un mes de El Sadar
La Comisión Antiviolencia también sugiere una multa de 200.000 por "mantener como socios a algunos miembros de Indar Gorri que han sido condenados penalmente por diversos delitos".
Osasuna conoció este jueves la propuesta de Antiviolencia de sancionar al club con una multa de 200.000 euros y la clausura de un mes de El Sadar por "mantener como socios a algunos miembros de Indar Gorri que han sido condenados penalmente por diversos delitos". La nota emitida por este comité rezaba así: "La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado diversas propuestas de sanción, entre las que destaca una sanción para el Club Atlético Osasuna, por su calificación de muy grave, de 200.000 euros de multa y la clausura por un periodo de un mes de su estadio al mantener como socios a algunos miembros del grupo Indar Gorri que han sido condenados penalmente por diversos delitos; hacer caso omiso a las indicaciones del Coordinador de Seguridad en relación con las medidas a adoptar con dichos individuos y permitir, a alguno de ellos, la entrada en diversos encuentros de la presente temporada; y, por último, no cumplir con las obligaciones para el correcto mantenimiento del Libro de Registro de Actividades de Seguidores".
Hace unos minutos el club rojillo ha emitido un comunicado explicando su postura y en el que argumentaba que:
- Una propuesta de sanción no significa que el club haya sido sancionado, sino que ahora se inicia un proceso en el que el club defenderá sus derechos y el de todos sus socios, que considera además que están siendo gravemente vulnerados.
- Osasuna quiere dejar claro que, con fecha 2 de noviembre, notificó la prohibición de acceso al estadio a las personas condenadas y ha puesto todos los medios necesarios para cumplir las indicaciones de las Fuerzas de Seguridad. Al club se le ha solicitado que prohíba el acceso de estas personas sin que haya ninguna resolución administrativa ni sentencia judicial que lo pida.
- El club puede justificar, y lo hará aportando la documentación pertinente, que con fecha 30 de agosto de 2018 se le notificó, por parte de las Fuerzas de Seguridad, una sentencia en la que once personas fueron condenadas "por pertenencia a grupo criminal" y en la que además en ningún momento se decía que esas once personas tuviesen prohibido el acceso al estadio como consecuencia de dicha sentencia.
- El 25 de septiembre, la Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional solicitó al club que identificase a las once personas condenadas por la sentencia anteriormente mencionada para saber si eran socios del club y en qué lugar de la grada se ubicaban. El club facilitó de inmediato la información solicitada, concluyendo que solo seis de los once condenados tenían la condición de socios del Club Atlético Osasuna en ese momento.
- El 31 de octubre de 2018, el Coordinador de Seguridad de la Policía solicitó por escrito que les fuese prohibido el acceso a las once personas condenadas por la sentencia judicial que, insistimos, no llevaba aparejada prohibición alguna de acceso a los recintos deportivos.
- El 1 de noviembre, el club respondió que acataría de forma inmediata la orden de las Fuerzas de Seguridad, pero volvió a solicitar que se les notificase por la vía administrativa a las personas implicadas dicha decisión.
- Con fecha 2 de noviembre, el club procedió a prohibir el acceso al estadio de El Sadar a los seis condenados que eran socios, suspendiendo temporalmente su derecho de acceso y dándolos asimismo de baja en el sistema informático de LaLiga, lo cual es fácilmente comprobable tanto para LaLiga como para la Comisión Antiviolencia. Desde ese momento, ninguna de esas seis personas ha podido acceder al estadio.
- Con fecha 9 de noviembre, el club envió a las Fuerzas de Seguridad y a LaLiga un escrito en el que dejaba claro que siempre acatará la ley y las instrucciones que dicten las Fuerzas de Seguridad, pero que en este caso considera que se están vulnerando derechos de sus socios, que no son meros asistentes a un espectáculo deportivo, sino que además son propietarios y gozan de derechos políticos (voto, elección…) al tratarse de un club deportivo y no de una Sociedad Anónima Deportiva. Osasuna solicitaba además en ese momento una reunión "con la máxima urgencia" para abordar esta cuestión, solicitud que hasta el día de hoy no ha sido atendida.
Además, Osasuna aseguraba en el comunicado que siempre cumplirá la ley y las instrucciones que le den las fuerzas de seguridad. También afirma que no entiende el interés que motiva la propuesta de sanción de la Comisión Antiviolencia, y más cuando, como es evidente, ha puesto todos los medios para que estas seis personas no puedan acceder al estadio de El Sadar. El club lamenta además el daño irreparable que se causa a su imagen con decisiones de este tipo que pretenden dar a entender que Osasuna ampara comportamientos violentos.
El club rojillo finaliza el comunicado aseverando que Osasuna cumplirá siempre la ley y también defenderá ante todo los derechos de sus socios, de todos y cada uno de ellos, se ubiquen en la grada que se ubiquen, y debe denunciar lo que considera un absoluto despropósito jurídico y, en todo caso, no debe olvidarse que Osasuna es un club que pertenece a sus socios, por lo que defenderá sus derechos ante las instancias que correspondan.
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