La Fiscal Ríos admite que "no comparto ninguno de los argumentos" de Ramírez
Fue ella la que solicitó la orden de busca y captura al entender que” no compareció y no se justificó causa legal”, explicó en la Cadena Ser.
Evangelina Ríos, Fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, afirmó en el programa El Drago, de Cadena Ser Las Palmas, que "después de comprobar que el señor Ramírez no compareció y no se justificó causa legal fui yo la que solicité la busca y captura y que posteriormente fue acordada por el juez" Luis Galván.
Después de haber escuchado al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, admite que "no comparto ninguno de sus argumentos" puesto que "todos conocen el auto en el que se narra todo lo que se ha desarrollado desde que se efectuó la querella" por lo que "el que lo haya leído sabe que sus argumentos no son válidos".
Hay que recordar que Ramírez fue detenido y puesto a disposición judicial este pasado miércoles a su llegada a Gran Canaria procedente de Miami (EEUU), por no haberse presentado el pasado 19 de abril a una citación del juez. Compareció ante el instructor, se acogió a su derecho a no declarar y fue puesto en libertad provisional con cargos.
Explicó que "se trata de un delito contra la Seguridad Social, diferente a los que se están realizando en la instrucción número 8 porque se trata de años distintos y que afectan al fondo de la causa y que no voy a exponer elementos internos porque el señor Ramírez tiene sus derechos y uno de ellos es que no se publiquen los datos más minuciosos", aunque en esencia se trata de dirimir por qué no ha pagado lo que correspondía a la Seguridad Social por sus trabajadores.
Nueva causa. Esta nueva investigación que lleva a cabo el juzgado número 6 de Las Palmas de Gran Canaria contra el empresario Miguel Ángel Ramírez se debe a un supuesto fraude cometido contra la Seguridad Social por un importe de 1,3 millones de euros entre 2012 y 2013.
Se trata de las cotizaciones que la empresa Seguridad Integral Canaria dejó de abonar por los salarios que pagó a su plantilla por debajo del convenio colectivo del sector en esos dos años, más de un millón de euros en 2012 y por encima de 300.000 euros en 2013.
El magistrado Luis Galván le ha vuelto a citar para declarar el próximo 9 de mayo, al igual que al administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, sobre estos hechos, que se inician a raíz de una querella presentada por la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos.
En cuanto a la petición formulada por la defensa de Ramírez para que se traslade la causa al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Ríos también ha dicho que se opone. El juez Galván ha denegado ya esa petición y un recurso de reforma, por lo que ahora es objeto de recurso de apelación ante la Audiencia de Las Palmas.
Ríos ha defendido que el juzgado que instruye esta causa es competente y ha considerado que son conceptos diferentes a los que se investigan desde 2014 por el Juzgado de Instrucción número 8 contra Ramírez por delitos de fraude contra la Seguridad Social y Hacienda.
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