Mandan a Segunda B al Sevilla y al Celta, pero… (1995)

El estallido pilla por sorpresa a la opinión pública: el Sevilla y el Celta son descendidos a Segunda B. Media España está por las carreteras, camino de las vacaciones, reina el desconcierto. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que, según el artículo primero del Real Decreto 449/1995 de 24 de marzo, uno de los decretos que desarrollan la Ley del Deporte, los clubes profesionales están obligados, para su inscripción en el registro, a avalar el 5 por ciento del presupuesto de la temporada, para lo que la fecha límite es el 1 de agosto. Según ello, el Sevilla debería haber presentado un aval de 85 millones de pesetas, y el Celta de 45 millones. No lo habían hecho, a pesar de los insistentes requerimientos de los hombres que administraban la liga, Antonio Baró, presidente, y Jesús Samper, director general. De modo que en aplicación del Real Decreto la liga resuelve que ambos clubes militarán en Segunda B, y que sus puestos serán ocupados por el Valladolid y el Albacete, descendidos esa temporada, y cuyos puestos en Segunda ocuparían a su vez el Getafe y el Leganés, que serían rescatados de la Segunda B.

Es el llanto y el crujir de dientes. A Luis Cuervas, presidente del Sevilla, el asunto le pilla de vacaciones en Grecia. Esa temporada había hecho un esfuerzo descomunal por fichar a Maradona, lo que había dejado vacías las arcas del club. Localizado por teléfono, solo acierta a decir que «esto es de locos». Su vicepresidente, José María del Nido, emergerá entonces y se convertirá en el hombre fuerte de la situación en el Sevilla, manejando bien la crisis. En Vigo, el presidente del club, Horacio Gómez, recibe el refuerzo del alcalde de la ciudad, el popular Manuel Pérez, que se echa al ruedo inmediatamente en apoyo del club. La defensa en Vigo es que tenían el aval, pero que «se ha traspapelado». El Celta había vivido unos últimos días muy convulsos, con destitución del anterior presidente, Ignacio Núñez, una semana antes. Este echa más pimienta al guiso, cargando contra quienes le derribaron.

Las sedes de los dos clubes se ven sitiadas por miles de aficionados que insultan y llaman ladrones a sus directivos. Pero dentro trabajan para restablecer la situación. Mientras, en Valladolid y Albacete se festeja el reingreso a Primera como una lotería de Navidad. Los días siguientes, los «descendidos» van filtrando sus argumentos, consiguen poner a las opiniones públicas de sus ciudades a su favor y, tras la primera reacción de cólera contra ellos, consiguen que se vuelvan contra la liga y el CSD, cuyo rector máximo, el poco esclarecido Rafael Cortés Elvira, es un muñeco de la situación. Empujado por el ministro de Educación, Jerónimo Saavedra, canario, que había visto en el jaleo una rendija para que Las Palmas subiera de Segunda B a Segunda, Cortés Elvira se alinea con la liga desde el principio, y anuncia enfáticamente que dimitirá si no se cumple la ley.

Pero la ley no se cumple. Vigo y Sevilla asisten a manifestaciones tan multitudinarias que toda la sociedad española queda impresionada. Da la sensación de que ni cerrando todas las empresas de una ciudad se alcanzaría una reacción popular así. ¿Qué hacer? ¿Dar marcha atrás? Albacete y Valladolid se encrespan con la sola insinuación de tal cosa. De modo que no hay más que una salida: elevar la participación en el campeonato de liga de Primera División a 22 clubes. Para entonces había 20, y la UEFA había recomendado un límite de 18 en todas las grandes ligas a fin de ajustar calendarios, pero no se encontró otra salida. A los diez días de la crisis se decide que se ampliará el campeonato a 22 equipos, se admiten fuera de plazo los avales del Celta y el Sevilla y se tira para adelante. El asunto se cobra una víctima, Luis Cuervas, presidente del Sevilla, y todos contentos. Cortés Elvira no dimitió, por supuesto. Dos años después, la liga tendrá de nuevo 20 equipos, pero la reducción a 18 quedó pospuesta sine die.