Moncloa paró el Decreto Ley sobre el reparto a punto de salir

La venta centralizada de los derechos de televisión que el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, lleva prometiendo ya dos años se ha convertido en un polvorín. A estas alturas, con los clubes levantados en armas anunciando una huelga por la no aprobación del Decreto Ley (que esperan como agua de mayo), con la RFEF reclamando de manera sorpresiva la titularidad de los derechos (amparándose en un artículo de la FIFA) y sin que nadie sepa a día de hoy siquiera qué operador retransmitirá los partidos de la próxima temporada (a falta sólo de unos meses), la pregunta del millón es: ¿por qué el Real Decreto no ha llegado aún al Consejo de Ministros cuando desde la propia Secretaría de Estado se deslizaba que su aprobación era inminente? AS tiene la respuesta: fue Álvaro Nadal Belda, actual director de la Oficina Económica del presidente Rajoy, quien aconsejó parar el Decreto Ley. Álvaro Nadal es la persona de confianza del presidente del Gobierno en materia económica (y de la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría), la figura que le prepara sus reuniones internacionales, un ultraliberal convencido que piensa que el modelo actual en el que cada club negocia por su cuenta la venta de sus derechos es el ideal. En su informe, Álvaro Nadal concluía que lo mejor era dejar que el mercado se ajustase por sí sólo.

Este hecho ha provocado que la situación derive de caótica a desesperada. Desesperada en primer lugar para Miguel Cardenal, que hizo de la promesa de aprobación de ese Real Decreto uno de los principales ejes de su mandato. Él y su jefe directo, el ministro Wert, quedan en una situación muy embarazosa. En segundo término, desesperada para los clubes. Incluso Madrid y Barcelona, en otra época tan reacios a equiparar el reparto, están ahora totalmente a favor y prefieren que el Real Decreto se apruebe cuanto antes. La razón es simple: la incertidumbre política. La posibilidad de que tras las próximas elecciones generales (que deben ser a partir de este noviembre, aunque incluso se empieza a barajar un posible adelanto a septiembre) entren en juego las nuevas fuerzas políticas de la izquierda más radical hace que los grandes del fútbol (Madrid y Barça) se contenten con los 140 millones que reciben actualmente y quieran asegurarlos. Otro escenario político (dominado por la nueva izquierda) podría deparar un reparto más favorable para los peces pequeños que para los grandes. Y situación desesperada, finalmente, para la LFP, que ve cómo cada retraso en la aprobación del Real Decreto implica que le sea más difícil sacar el máximo rendimiento a la venta del paquete al extranjero (también vale más si se ofrece un paquete conjunto por más temporadas). Más aún cuando Madrid (Mediapro) y Barcelona (Telefónica) han firmado ya la próxima temporada con distintas plataformas. La venta conjunta también era eje central de este mandato de Tebas al frente de la LFP (“la venta actual genera guerras en el fútbol fútbol”), como lo era también para Miguel Cardenal.

Y para poner la guinda al pastel, el último movimiento de Ángel María Villar, pidiendo la titularidad de los derechos televisivos para la FEF, añade más incertidumbre a la situación, ya que ahora ni siquiera está clara la titularidad misma de los derechos. Se acoge al artículo 78.1 de los Estatutos de la FIFA, que especifica que la Federación “es propietaria de todos los derechos de las competiciones, incluidos los audiovisuales”. A grandes rasgos y más allá del desencuentro irreconciliable entre Villar y Tebas (que litigó contra él en 2010 acusándolo de administración desleal y falsedad documental) y Cardenal (subordinado suyo en un pasado reciente y ahora fiscalizador de sus cuentas con “múltiples salvedades”), la Federación quiere su parte del pastel en una posible venta centralizada (el 5%, algo más de 40 millones sobre los 850 en que se cifra la venta) y no el 2% que le ofrece Cardenal.