El Gobierno inicia su plan para sacar a Alí del Racing

Cantur, la empresa pública de turismo del Gobierno de Cantabria, dio ayer el primer paso en la estrategia jurídica diseñada por el ejecutivo para bloquear, primero, y minimizar, después el peso accionarial de Alí Syed en el Racing. Esta primera acción ha sido, tal y como se recogía en el contrato firmado el 29 de enero de 2011 entre Cantur, WGA (la empresa de Alí) y Dumviro (la de Montalvo), la solicitud de un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Madrid. En ella se actúa tanto contra Alí como contra Montalvo y se pide la anulación del citado contrato de compraventa y que se vuelva a la situación previa al 29 de enero, con la recuperación de los derechos que sobre la pignoración de las acciones poseía el ejecutivo regional.

Aunque el objetivo reconocido por Cantur es defender los intereses del dinero público invertido en su momento y que ahora está en el alero tras los incumplimientos sucesivos de Dumviro y de WGA, la realidad es que el plan diseñado pretende prioritariamente impedir que Alí Syed, o Montalvo en su caso si en abril de 2013 recupera las acciones, determinen el consejo de administración. Pensar que el indio o el madrileño lleguen algún día a pagar los siete millones de euros que reclama el Gobierno es, hoy por hoy, ciencia ficción.

El plan. Ignacio Diego encargó desde el primer momento, como viene informando en exclusiva desde el 9 de febrero este periódico, a Miguel Cabetas, consejero delegado de Sodercan, ser el interlocutor del club en este tema. Ese día, en la sede de Sodercan, Santiago Ruiz Asenjo y Antonio Corino se reunieron con Cabetas y con un abogado de Gómez Acebo&Pombo, el bufete contratado por el Gobierno de Cantabria para asesorarle en este caso. La petición de los dirigentes racinguistas fue que Cantur denunciara a Alí por sus incumplimientos para evitar que en la Junta de accionistas fuera él quién nombrara el nuevo Consejo de administración.

El primer informe del bufete madrileño fue contrario a pleitear, pero ante la insistencia del club y las ideas aportadas desde Cantabria por varios abogados, Ignacio Diego tomó la decisión política de echar el resto y pidió a Gómez Acebo&Pombo una hoja de ruta.

La estrategia pasa, primero, por la solicitud de arbitraje ejecutada ayer para, en cuanto se reciba la notificación de la Cámara de Comercio de Madrid de que admite el arbitraje, presentar una demanda por incumplimiento de contrato en uno de los once juzgados de Primera Instancia de Santander. Junto a esa demanda irá, y ese es el nudo gordiano de todo el plan, la solicitud de una medida cautelar consistente en el nombramiento de un administrador judicial de las acciones de Alí. Si el juez la concede antes del 19 de mayo, el nuevo presidente no lo elegirá Alí sino el juzgado. ¿O el Gobierno?

Los abogados. Jesús Pellón e Higuera

"Cántabros y racinguistas", así ha definido Diego varias veces a los que coordinan con Gómez Acebo&Pombo la estrategia. Ellos son Jesús Pellón, decano del Colegio de Abogados, que fue durante muchos años el jurista del club, y Manolo Higuera, también exfutbolista de la entidad, estuvo en el Racing con Huerta.