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G. Acebo&Pombo pasa a Diego la patata caliente

Remite un informe al Gobierno sin una solución clara.

<b>NO CONVENCIERON. </b>Ese mismo día, 9 de febrero, pidieron al Gobierno que demandara al indio.
Ricardo González
Licenciado en Periodismo en 1997 y desde ese año redactor de Diario AS. Se apasionó del baloncesto europeo mucho antes, cuando era un niño en los 80, y en la actualidad es cronista del Real Madrid, del que ha cubierto más de mil partidos entre la ACB y la Euroliga. Estuvo en Japón 2006, en el primer Mundial que ganó España.
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El bufete que asesora al Gobierno de Cantabria en el posible contencioso con Alí, Gómez Acebo&Pombo, ha enviado el pasado jueves un informe a su cliente sobre la situación del caso en el que, básicamente, viene a decir que es un lío jurídico de tal calibre que no se vislumbra una salida clara. Es más, se puede decir que en el informe (que fue enviado 24 horas más tarde desde Sodercan a la administración concursal del Racing) lo que hacen los abogados es pasar la patata caliente al Gobierno: si quiere demandar, tal y como solicita el Racing, es una decisión política. Ni haciéndolo, ni dejándolo de hacer, es previsible como va a acabar el asunto.

Este informe se ha generado en el prestigioso bufete madrileño a raíz de que el Racing solicitara una reunión al Gobierno de Cantabria con objeto de plantear al ejecutivo su 'Plan B': que Cantur planteara una demanda contra Alí por impago y, en base a eso, pidiera un administrador judicial de las acciones del indio. El objetivo era lograr que en la próxima Junta de Accionistas (19 o 20 de mayo, si acepta la jueza Mar Hernández) se pudiera nombrar un Consejo al margen del asiático.

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La reunión. La cita, tal y como informó en exclusiva AS, se llevó a cabo en Sodercan el 9 de febrero. Por parte del Racing acudieron Santiago Ruiz y Antonio Corino, mientras que al ejecutivo le representaron Miguel Cabetas, Consejero delegado de Sodercan, y un abogado de Gómez Acebo&Pombo llegado ex profeso de Madrid.

Todo quedó pendiente del estudio jurídico y de una nueva reunión. El informe ya está y la reunión, previsiblemente, será esta semana. La complejidad de unos contratos a tres bandas en los que se vendían dos cosas (las acciones y el crédito participativo) y la posible 'prejudicialidad' en Madrid hace que los abogados no recomienden demandar. Pero tampoco lo contrario. Decidirá, por tanto, Ignacio Diego.

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