Marcaje policial al Barça

La policía autonómica catalana no autorizará la creación de una grada de animación en el Camp Nou a no ser que la directiva de Sandro Rosell cumpla escrupulosamente siete puntos que la Conselleria d'Interior considera obligatorios para llevar a cabo la promesa electoral de Rosell que se someterá a votación mañana.

Los puntos son los siguientes: los Mossos sólo tendrán como interlocutor a la directiva, no a los responsables del grupo; los Mossos tendrán derecho a veto respecto a cualquier individuo; el acceso a la grada se hará mediante identificación dactilar y fotografía; la grada de animación no podrá tener seguridad privada; el club se compromete a sancionar a los socios que incumplan las normas de seguridad; los aledaños del estadio serán considerados zonas de riesgo; en los desplazamientos, el club pondrá las máximas precauciones para que las personas señaladas por los Mossos no puedan viajar con entrada y los Mossos tendrán acceso ilimitado a las instalaciones del club.

Si a esta norma de obligado cumplimiento le añadimos que los Mossos están desagradablemente sorprendidos de que en la lista proporcionada por el club en la que se especifican los candidatos a formar la grada figuren "bastantes personas con antecedentes penales relacionadas con delitos que tienen que ver con el Barça o el mundo del fútbol", según diversos observadores, queda claro que la cuestión está aún muy tierna. 

Interior considera que la presencia de estas personas en un recinto deportivo pone en entredicho la seguridad del resto de los espectadores. Para la policía autonómica, los antecedentes penales son causa suficiente para bloquear su entrada, pero añaden que les ha chocado que gente que ya ha sido detenida, identificada e incluso procesada por delitos graves relacionados con el fútbol se haya postulado para formar parte de una grada de animación promovida por la directiva. En este sentido, el abanico incluye desde destrucción de mobiliario urbano hasta amenazas o agresiones a aficiones rivales tanto en el Camp Nou como lejos de él.

Durante la campaña electoral, los adversarios de Rosell le acusaron de haber mantenido contactos con diversos colectivos de animación que la Junta de Laporta había echado del estadio en una decisión que derivó entre diciembre de 2003 y febrero de 2004 en una trama para dar una paliza al anterior presidente que fue descubierta por azar en el curso de una investigación policial sobre tráfico de drogas y extorsión.

Rosell siempre negó cualquier vinculación con estos grupos, pero reconoció que si en sus contactos con ciertos colectivos se había colado algún elemento de este tipo, fue sin su conocimiento y aseguró que mantendría la política de tolerancia cero con los violentos.