LIGA ADELANTE | REAL SOCIEDAD
Los últimos cinco ex presidentes podrían ser juzgados por fraude a Hacienda
Los últimos cinco ex presidentes de la Real Sociedad, Miguel Fuentes, María de la Peña, Juan Larzabal, Iñaki Badiola y el actual mandatario de la Liga de Fútbol Profesional, Jose Luis Astiazarán, están siendo investigados por la Fiscalía de Guipúzcoa por un presunto fraude fiscal en la tributación del IVA.
Badiola, durante su breve mandato, encargó una Due Dilligence, una auditoría exhaustiva, para conocer los estados contables de los últimos diez años y la copia que le solicitó la Diputación de Guipúzcoa habría sido la base de la información que ahora obra en poder el Ministerio Público. El portavoz del Consejo de Administración presidido por Badiola, Luis María Antoñana, ha declinado hoy opinar sobre esta noticia y ha dicho que ahora es el momento de "dejar hacer a la Fiscalía".
Antoñana ha señalado a Efe que los datos relativos al fraude fiscal ya fueron denunciados en su día por el anterior Consejo y se entregaron a la Inspección Fiscal del ente foral guipuzcoano, aunque ha considerado que la investigación sobre el posible fraude podría estar siendo examinado "de oficio" por el Ministerio Fiscal. El diario El Mundo Deportivo ha desvelado hoy en su edición guipuzcoana una reunión entre responsables de la Diputación y el fiscal jefe de Guipúzcoa, Jaime Goyena, en la que "expusieron y entregaron el informe en el que se detallaban las presuntas irregularidades fiscales en las que había incurrido la sociedad", denuncia en la que este diario implica al actual gerente Iñaki Otegi.
Badiola, al que la Junta de Accionistas del pasado 20 de diciembre sustituyó por Jokin Aperribay, había señalado diez días antes de su remoción que el fraude en la gestión del impuesto del IVA podría ser superior a los 20 millones de euros, tres de los cuales no habrían prescrito.
Incluso Badiola acusó a la Diputación Foral de consentir dicho fraude ya que el administrador concursal nombrado por el ente foral para intervenir en la entidad, Antxon Ibargutxi, le habría animado, según el empresario donostiarra, a que no se diera a conocer. La vía que ahora podría abrir la Fiscalía es distinta a la administrativa, competencia ésta de la Diputación Foral, porque lo que se dilucidaría penalmente es si los últimos dirigentes realistas cometieron a sabiendas algún delito.