La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha confirmado que Argelia, a través de su empresa estatal Sonatrach quiere subir los precios del gas a España.

Ribera, en unas declaraciones a TVE, ha resaltado que “la intención de Sonatrach es subir los precios”, aunque ha especificado que se trata de algo que “viene desde octubre, porque entiende que los precios están muy por debajo del precio al que se cotizaba el gas en los mercados internacionales”. En cualquier caso, la vicepresidenta tercera ha dicho que espera que ese incremento del precio sea “moderado”.

El pasado viernes, el presidente de Sonatrach, Touffik Hakkar, hizo público que se contempla una subida de precio para el gas que vende a España, pero no para el resto de compradores europeos de este combustible.

Sonatrach cuenta ahora con el derecho contractual de revisar los precios en el contrato español para el período 2022-2024. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha mencionado que estas negociaciones “suelen llevar mucho tiempo”, aunque ha agregado que confía en que los términos comerciales en los que se fija el precio del gas se puedan cerrar “cuanto antes”.

El giro del Gobierno en cuanto al Sáhara Occidental

Al ser preguntada sobre si el cambio de postura del Gobierno en relación al Sáhara Occidental podría perjudicar el suministro de gas procedente de Argelia, Teresa Ribera ha enfatizado que para España es “fundamental” tener una “excelente relación” tanto con Marruecos como con Argelia, aunque ha lamentado que entre estos dos países no siempre existe una “relación fluida”.

Ribera ha querido mandar un mensaje de tranquilidad destacando que “la relación con Argelia, que es un país fiable, que cumple con sus compromisos, nos parece que está asegurada en este extremo del suministro de gas en las necesidades y en los términos que viene comprando España desde hace mucho”.

La ministra ha detallado que la revisión de los precios del gas entre la empresa suministradora argelina Sonatrach y las energéticas españolas comenzó el pasado mes de octubre. Ribera ha calificado estas negociaciones como una operación entre compañías “estrictamente comercial” y “no entre gobiernos”.

La responsable del Gobierno en materia energética ha precisado que “alguna de nuestras compañías gasistas denunció unilateralmente los contratos de gas que tenía con algunas empresas industriales, cosa que como Gobierno no nos gustó, pero no podíamos intervenir. A partir de ahí empezó una nueva propuesta de precios de gas”.