El Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley que permite que el Estado asuma el control de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como SAREB.

La decisión llega después de que Eurostat decidiese el año pasado incorporar a SAREB dentro de las cuentas públicas, para que el Estado asuma toda su deuda. Una decisión que provocó que la deuda pública española aumentase en 35 mil millones de euros y el déficit se viese incrementado en más de diez mil millones de euros. La adquisición de más del 50% de la sociedad provocará cambios positivos para el FROB.

Mediante esta operación, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podrá adquirir un mayor control del capital social y tomar el control de los órganos sociales de la compañía. Hasta el momento, el FROB solo contaba con el 45,9% de las acciones, siendo el mayor accionista de la SAREB. El Estado, según informa 'Cinco Días', adquirirá las acciones de la banca a un precio de un euro.

La SAREB, creada en el año 2012

La gestora fue creada en el año 2012, tenía la misión de recapitalizar las entidades financieras más afectadas. Además, nació con el objetivo de ayudar a mejorar la economía española, que atravesó una situación delicada en los primeros años de la década pasada a causa de la crisis económica producida en el año 2008.

Durante los años 2012 y 2013, la SAREB compró un paquete de casi 200.000 activos de cuatro entidades financieras por un precio reducido fijado por el Banco de España, de un total de 50.781 millones de euros pagados mediante bonos avalados por el Tesoro Público español.

¿Cómo afecta la operación a la vivienda?

Mediante esta operación, la Sareb dispondrá de una nueva política de vivienda social, mediante el que se refuerza la capacidad de colaboración con organismos públicos. Además de la adquisición de la SAREB, el Gobierno aprobó el Plan de Vivienda, la Ley de arquitectura y el bono destinado a los jóvenes para el apoyo al alquiler.

Dentro de este plan, se incluye el incremento de la oferta de vivienda en alquiler social mediante la disposición de viviendas de la SAREB y de entidades públicas a las comunidades autónomas y entidades locales, según informa el Gobierno.