A partir de 2022, ninguna operadora de telefonía le llamará a la hora de la siesta o después de cenar. MáMovil, Orange, Telefónica y Vodafone, las cuatro compañías líderes del sector en nuestro país, han pactado un código de conducta para impedir las prácticas de televenta agresiva.

El nuevo código entrará en vigor este 1 de enero con medidas como la prohibición de llamar antes de las 09:00 horas, entre las 15:00 y 16:00 horas, y después de las 21:00 horas. Además, no se podrán recibir llamadas promocionales los fines de semanas. Y las operadoras se comprometen a evitar el contacto con clientes que se encuentren dentro de la 'Lista Robinson', un servicio que ayuda de forma gratuita a librarse del acoso publicitario.

Este acuerdo renueva así el acuerdo que pactaron las operadoras en 2010 y el que han incumplido desde entonces, según denuncian las asociaciones de consumidores. Sin embargo, en esta ocasión todas las partes se reunirán semestralmente para controlar que se cumple el pacto.

Nuevas medidas

El nuevo código pretende mejorar y hacer más transparentes las prácticas de comercialización de sus productos y servicios. Por ello, entre las nuevas medidas se encuentra el control a través de auditorías de las actuaciones de distribuidores y otras plataformas de emisión de llamadas que utilicen medios engañosos, fraudulentos o desleales para la competencia.

Además, se realizará un mayor control a la hora de obtener datos del consumidor para que no existan respuestas que estén sujetas a la interpretación y que puedan ser tomadas como una aceptación para cambiar de compañía.

Otra de las medidas del acuerdo es que, las operadoras solo podrán llamar un máximo de tres veces a un cliente a lo largo de un mes y, en caso de que este rechace la oferta, estarán obligadas a esperar tres meses antes de volver a llamar.

Por otra parte, las operadoras tienen la obligación de facilitar al cliente el número desde el que llaman, la marca comercial que le está contactando, el motivo de la llamada y la base de datos de la que se extrae su nombre.

Por último, las compañías se comprometen, según el texto inicial, a poner en funcionamiento un procedimiento común ágil para resolver las reclamaciones de los usuarios que hayan podido ser víctimas de prácticas comerciales contrarias al código. Si es necesario, las empresas colaborarán entre ellas para comunicar a los organismos competentes aquellas prácticas fraudulentas.