La emergencia sanitaria a causa del estallido del coronavirus en marzo de 2020 propició la llegada del teletrabajo en muchos empleados españoles, que por la situación sanitaria tenían que desempeñar sus funciones laborales desde sus hogares. Sin embargo, la mejoría en los indicadores de transmisión devolvió a muchos trabajadores la presencialidad que habían perdido a causa de la pandemia, pero otros siguen trabajando a distancia.

Por ello, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, manifestó en su intervención en el Congreso de los Diputados, que su equipo de Gobierno está desarrollando un decreto que establezca y regule el teletrabajo dentro del sector público, que sería aprobado en las próximas semanas para que a partir del 1 enero de 2022 entré en vigor legislativamente. Esta medida afecta a los 230.395 empleados de carácter público que tendrán derecho a más de un día de teletrabajo, lo que supone más de un 20% de la jornada semanal.

¿Qué supone este decreto para los funcionarios?

Este decreto se basará en el acuerdo firmado por el exministro de Hacienda, Miquel Iceta, establecido con los sindicatos y patronales, para que los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) desempeñen sus tareas laborales desde sus domicilios al menos tres días, ya que los otros dos días restantes precisarán la presencialidad del trabajo en su espacio oficial, según ha confirmado la delegación de Hacienda a Europa Press.

Además, la pretensión es incentivar a aquellos funcionarios públicos que desempeñen sus labores en escenarios, como la ‘España vaciada’, territorios de nuestra geografía en riesgo de despoblación, sin tener una repercusión en la calidad de prestación por parte del servicio estatal. “Esta iniciativa nace después de la experiencia con la pandemia, ha dejado aprendizajes para el buen impulso de este decreto”, reconoció Montero.

El teletrabajo no será obligatorio para los funcionarios

Principalmente, lo que se destacó en el borrador establecido entre el Gobierno y sindicato era la “voluntariedad” del trabajador público, a acudir a esta modalidad de empleo a distancia. Por ello, el funcionario que desee acudir a su puesto de trabajo la totalidad de los días lectivos, lo podrá hacer, ya que el decreto respalda el derecho de la presencialidad total, por lo que no será obligatorio el trabajo a distancia.

Por el contrario, otros funcionarios que por su carácter rutinario, como policías o miembros de las Fuerzas Armadas, quedan totalmente descartados de esta medida, debido a la imposibilidad de alternar la presencialidad con sus funciones particulares en su ámbito laboral.