Cada año, casi mil millones de toneladas de alimentos acaban en la basura, según el Índice de desperdicio de alimentos 2021 de la ONU, lo que equivale al cerca del 20% del total de los que se producen. Además, la mayor parte de este derroche se produce en las viviendas particulares (61%), seguido de los bares y restaurantes (26%) y de los comercios de alimentación (13%). En España, los hogares tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir durante 2020, 31 kilogramos-litros per cápita, calcula el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca.

Desde el punto de vista del Gobierno de España, este desperdicio de alimentos encarece el acceso a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos, aumenta los residuos y el impacto ambiental y lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad. Por ello, combatirlo se ha convertido un imperativo ético. Y el Ejecutivo tratará de hacerlo con el nuevo anteproyecto de ley aprobado el lunes en el Consejo de Ministros, que consta de 15 artículos, cuatro disposiciones finales y una adicional, según explicó en rueda de prensa el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Esta nueva ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, con la que España ratifica su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, obligará a las tiendas a fomentar la venta de productos que, aunque estén “feos”, se encuentren en buen estado, así como a incentivar la comercialización de alimentos de proximidad, ecológicos y a granel.

Donación y transformación de alimentos

Todos los agentes de la cadena alimentaria deben tener un plan de prevención para evitar el desperdicio y fija una jerarquía de prioridades de obligado cumplimiento. La primera de las cuales es la utilización para la alimentación humana, a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

Para cumplir este punto, las industrias alimentarias, establecimientos comerciales y de hostelería y restauración deberán suscribir convenios con las organizaciones receptoras en los que se deben incluir específicamente las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte y la selección de alimentos, entre otros aspectos. Además, los alimentos que se donen deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y uso seguro a sus destinatarios finales. Por su parte, se contemplan cuatro tipos de sanciones en materia de donación de alimentos que pueden ser penadas con multas entre 6.001 y 150.000 euros.

En el segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos, pero en condiciones óptimas de consumo, deberán ser transformados (zumos, mermelada, etc.). En cambio, cuando no sean aptos para el consumo humano, tendrán que utilizarse como subproductos para la alimentación animal o fabricación de piensos, para la industria, para la obtención de compost de calidad para uso agrario o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.

Venta de productos “feos, imperfectos o poco estéticos”

Planas insistió en que el objetivo del proyecto de ley será evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo. Para ello, las empresas distribuidoras de alimentos y las administraciones deberán incentivar la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima.

Las tiendas de 400 metros de superficie o más tendrán que fomentar la venta de productos considerados “feos, imperfectos o poco estéticos” que estén en condiciones óptimas de consumo. En esa línea, tendrán también que promover la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, además de mejorar la información sobre el aprovechamiento de estos.

Instalaciones óptimas para manipular, almacenar y transportar

Otra de las nuevas obligaciones que tendrán los agentes de la cadena agroalimentaria será impedir el desecho de alimentos en la basura. Así, deberán disponer de instalaciones adecuadas y formación de personal para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo en condiciones adecuadas que minimicen las pérdidas, así como de sistemas que garanticen el mantenimiento de la cadena de frío.

Adecuación de las fechas de consumo preferente

Por otro lado, los productos con fecha de consumo preferente vencida deberán presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación.

En esta línea, el Gobierno adoptará políticas públicas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y, en su caso, la posibilidad de poner en el mercado los productos con fecha de consumo preferente sobrepasada, para lo que se tendrán en cuenta los criterios establecidos por la Unión Europea en las propuestas legislativas en la materia.

Otras medidas

Los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no han consumido y tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú.

Las instituciones como centros sanitarios y educativos o residencias que ofrezcan catering o servicio de comedor deberán contar también con programas de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario que cumplan igualmente la jerarquía de prioridades establecida en la ley.