Cazar al lobo ibérico (Canis lupus) ha quedado prohibido en España a partir de este miércoles 22 de septiembre, cuando ha entrado en vigor la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicada el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El documento incluye a esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), con lo que deja de ser considerado como “objeto cinegético en aquellas comunidades que hasta ahora autorizaban su caza y las medidas de control de la especie pasarán a tener carácter excepcional”, según explica el ministerio.

El Gobierno da responde así a “diferentes propuestas recibidas” por el MITECO procedentes de particulares, organizaciones científicas y administraciones, incluyendo entre ellas al propio departamento dirigido Teresa Ribera. Asimismo, cumple el plazo propuesto hasta el 25 de septiembre para añadir al lobo ibérico en el LESPRE, una decisión que “está suficientemente motivada y responde al principio de precaución”.

Excepciones

Hasta ahora, estaba permitido cazar lobos al norte del Duero, donde se encuentra en situación favorable, mientras que estaba prohibido al sur de este río, donde las poblaciones ya estaban incluidas en el LESPRE y solo se podía cazar algún ejemplar si se contaba con permisos especiales y se demostraba que hubiera problemas con el ganado.

En cambio, ahora la caza solo estará permitida con excepciones en todo el territorio nacional. Por ejemplo, la orden publicada en el BOE establece que “las medidas de extracción y captura de ejemplares que hayan adoptado los órganos competentes de las comunidades autónomas con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden, podrán seguir siendo de aplicación, siempre que se ajusten a las condiciones y a las limitaciones” fijadas previamente.

De la misma forma, se podrán extraer y capturar lobos que cuenten con autorización administrativa de la comunidad autónoma, siempre que se den tres situaciones específicas:

- Cuando “no exista otra solución satisfactoria”: si las explotaciones afectadas por ataques de lobos al ganado han aplicado “adecuadamente” medidas preventivas y estas han resultado “ineficaces”, igual que otras medidas de protección previamente valoradas.

- Si se puede acreditar que “la medida de extracción y captura de ejemplares no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie”.

- Si se justifica la “existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas, atendiendo a posibles daños recurrentes o significativos”.

Cuatro comunidades en contra

Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, donde habita el 95% de los ejemplares de la especie, se han mostrado en contra de esta decisión y han anunciado que la recurrirán por vía judicial. “Trataremos de lograr la suspensión de la eficacia porque al día siguiente de la eficacia de esta orden ya se están produciendo daños y perjuicios a la Comunidad”, ha asegurado Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León.

En concreto, el consejero ha afirmado que está “radicalmente en contra” de la media porque causa un “perjuicio enorme” para el “equilibrio” de los daños que ya existen en ganadería extensiva con el lobo, que se incrementarán. Pero también porque supone un peligro de abandono de la ganadería en el territorio y, por lo tanto, “el abandono” y “cierre” de los pueblos. Así, la comunidad llevará el tema a los tribunales con un recurso contencioso administrativo la semana que viene, junto a la petición de medidas cautelares que tiendan a suspender la eficacia de la norma durante la tramitación del procedimiento. Las otras tres comunidades harán lo mismo con sus propios recursos.

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA también se han mostrado críticas con la medida y han acusado al Gobierno central de “condenar a la ganadería a su extinción al blindar al lobo”. “La protección del lobo es una medida tomada desde los despachos y no desde los pueblos. Cualquiera que viva en el medio rural y conviva con el lobo sabe que la mejor gestión no es la total protección”, han señalado en una nota de prensa. “El blindaje del lobo es un ataque a la ganadería y a las razas autóctonas de la Península Ibérica. Los ataques al ganado aumentarán. Las pérdidas de la ganadería aumentarán. El despoblamiento aumentará”, añaden.

Por ello, ya están estudiando la convocatoria de movilizaciones en las que mostrar su rechazo: “Seguiremos luchando y haciendo oír nuestra voz. No permitiremos que nos condenen a la extinción. Trabajaremos para que en el campo siga habiendo vacas, cabras, ovejas, caballos y demás animales. Y no solamente lobos”.

Las organizaciones ambientales celebran la medida

Sin embargo, las organizaciones ambientales como Ecologistas en Acción celebran que llegue esta medida “tras años de denuncias, estudios, manifestaciones”. “Estos controles son perjudiciales e inaceptables, ya que se ha demostrado que no reducen los ataques del lobo al ganado. Estando la población ibérica del lobo en un estado de conservación “desfavorable” no se justifica la realización de controles”, denuncia la entidad.

Ignacio Martínez, presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), también valora en declaraciones a El País que la orden ministerial es “muy positiva” y un “primer paso trascendente que supone el fin de los planes y programas de muerte de las comunidades autónomas”. En este sentido, se congratula de que quienes quieran cazar a los lobos “van a tener que justificar que hay muchos daños y que no hay otra forma de parar los ataques, algo que no es verdad”.