La semana pasada el Tribunal Supremo dictó sentencia respecto a uno de los proyectos estrella de Manuela Carmena en la capital: Madrid Central. La zona de bajas emisiones de la capital ha sido durante estos años objeto de multitud de recursos, el último de ellos presentado por Ecologistas en Acción.

Sin embargo, el tribunal inadmitió el recurso, cuya sentencia original se remitía a la falta del trámite de información pública y a errores y deficiencias en la presentación de la memoria económica. Después de todo esto, muchos madrileños y visitantes de la ciudad se preguntan qué pasará con las multas ya impuestas en estos años desde su aplicación en 2018.

Por el momento, desde el Ayuntamiento advierten que se debe seguir circulando con los permisos necesarios hasta que la sentencia sea en firme. "Mientras no sea firme la sentencia, Madrid Central sigue en vigor. No podemos hacer nada al respecto. En el caso de que alguno circule por Madrid Central sin los supuestos previstos, el Ayuntamiento tramitaría la multa correspondiente", asegura el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Más de 1.300.000 multas en el aire

Desde su entrada en vigor, las multas en dicha zona se elevan a 1.393.000 de acuerdo con fuentes municipales citadas por El País. Esto en términos económicos equivale a 125 millones de euros (o 62 millones por pronto pago). Según asegura un portavoz del ayuntamiento, las que estén pagadas o tramitadas no se devolverán. Pedro Javaloyes, portavoz de una de las empresas que interpuso un recurso, DVuelta Asistencia Legal, considera que las sanciones se podrán recurrir mediante una revisión de oficio, pues "se ha demostrado que la multa ha sido ilegal. El Ayuntamiento debe devolver todo el dinero".

Aunque la intención sea la de no devolver el dinero, existe un mecanismo por el cuál exigir el reintegro de la sanción, como recuerda Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. "El mecanismo a utilizar sería pedir la devolución por responsabilidad patrimonial, basándose en que se ha impuesto una multa en base a una normativa que se ha declarado nula por el TS".

Arnaldo asegura que "no se reintegraría al conductor el importe en concepto de devolución de ingreso, por eso se debe utilizar el otro mecanismo", relata en La Razón. Para realizar una reclamación por responsabilidad patrimonial, el margen es de un año.