A lo largo de esta semana, está previsto que la Comisión de Salud Pública tome una decisión sobre los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y tienen pendiente el segundo pinchazo para completar la pauta de inmunización. 

Para ello, las autoridades pusieron en marcha el estudio CombiVacs, impulsado por el Instituto de Salud Carlos III, y que pretende estudiar la eficacia de la combinación del remedio anglosueco con otros sueros que ya están aprobados en nuestro país.

Indignación

Aunque para el doctor César Carballo, adjunto del servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ya existe una resolución: "La decisión está tomada ya, van a poner Pfizer". De confirmarse, no seguiría la directriz de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que ha recomendado a los países que inoculen la segunda dosis con AstraZeneca.

Durante su intervención en el programa LaSexta Noche, Carballo mostró su indignación: "Se ha prolongado 16 semanas para sacar los resultados de este ensayo, cuando se sabe que lo que dice la ficha técnica es que se debe inocular de cuatro a 12 semanas".

Asimismo, cuestionó si estudios como el que se han realizado en España o en otros territorios son seguros: "En el ensayo de los británicos han combinado AstraZeneca-AstraZeneca, AstraZeneca-Pfizer, Pfizer-Pfizer y luego Pfizer-AstraZeneca en 100 pacientes por grupo. ¿Vamos a tomar decisiones con 100 pacientes?".

Las comunidades buscan solución

A falta de que el Ministerio se pronuncie, algunas comunidades ya han planteado algunas soluciones. Es el caso de Madrid, que el pasado viernes adelantó su intención de vacunar a partir de la próxima semana a más de 14.000 personas a las que se les inoculó la primera dosis y están a la espera de recibir el segundo pinchazo, si aceptan voluntariamente. 

Aunque en este sentido, Sanidad descartó ofrecer motu proprio el segundo fármaco, argumentando que "puede entrar en contradicción con los principios éticos en los que se fundamenta la propia estrategia".

Además, el departamento que dirige Carolina Darias recalcó que "la toma de decisiones para la priorización debe basarse fundamentalmente en la evidencia científica y, por tanto, no puede basarse solamente en el consentimiento informado del individuo y, menos aún, sobre la base de una información científica de seguridad de la que aún no se dispone".