Desde el pasado mes de mayo, Galapagar se ha convertido en un reclamo para ciudadanos partidarios de la derecha o ultraderecha política, pese a que el coronavirus está aflorando, de nuevo, en toda España. En la zona residencial de La Navata, en Galapagar, se encuentra la casa donde residen Pablo Iglesias, Irene Montero y sus tres hijos menores de edad, que se ha convertido en un lugar donde las caceroladas, los gritos y los insultos, se han convertido en el día a día.

Según ha informado El HuffPost, los ciudadanos en contra de los integrantes de Unidas Podemos han admitido que no cesarán "hasta que se marchen de España". Pablo Iglesias, ante esta situación, ha denunciado además la invasión de cuatro personas en los aledaños de su casa "profiriendo insultos y comentarios soeces" contra él durante la madrugada del sábado pasado. Ello no quedaba ahí, si no que también apuntaba a que se llegaron a arrojar objetos al interior de la casa.

Los vecinos están "hartos" de esta situación

En el vecindario, la gente se encuentra molesta por una situación que ya se ha descontrolado, y de la que dicen que aguantaban hasta que llegaron "las cacerolas y el ruido", señalaba uno de los vecinos. "Ahora es insufrible. Nadie merece que le hagan eso. Ni él, ni Soraya Sáenz de Santamaría. Yo vivo un poco más arriba de su casa. No me afecta directamente, pero no puedo pasar por donde quiero por la seguridad de la zona, y eso trastoca mis movimientos", añadía.

Otro de los vecinos también declaraba su descontento ante la situación que estaba viviendo la familia de Iglesias y Montero, y de la que también se ven perjudicados en la zona residencial: "Estoy harto de esta situación, estoy hasta los huevos, porque no me permite dar un paseo por donde yo quiero, por ejemplo. O sea que la libertad es la del resto de la gente. Además, no hay razón para semejante obsesión. Ellos escupieron en su día para arriba, está claro. Pero esto es una persecución y una obsesión. Y eso creo que trasciende el objeto inicial de decirles a ellos: 'No estamos de acuerdo con vosotros'. Y, oiga, no les vote. Pero no vengan aquí a dar la paliza al resto de personas".

Además, para asegurarse de que no va a más, en el exterior de la casa del vicepresidente segundo del Gobierno y de la ministra de Igualdad se encuentra una garita donde dos agentes de la Policía Nacional vigilan durante todo el día. También pasea una patrulla por las calles de la zona, y un vehículo de paisano.

La ultraderecha, señalada

Uno de los agentes que se encuentra vigilando la vivienda de Iglesias y Montero contaba a El País que habían identificado a varios de los participantes de estas concentraciones, y que se trataban: "Los de siempre: la mujer jubilada pariente de un ministro franquista; Melisa [Domínguez]; la neonazi del Hogar Social, militantes de VOX y gente de ultraderecha en general...Decenas, con cacerolas", y a los que se suma la concejal de VOX en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal, que están haciendo esto, según piensa el partido de Unidas Podemos, porque Pablo Iglesias se querelló contra el militante de extrema derecha Miguel Frontera, a finales de julio, y que fue detenido el 12 de junio por un supuesto delito contra la intimidad, derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.

Desde la organización neonazi Hogar Social, su dirigente, Melisa Domínguez, señalaba ante El HuffPost que: "Entiendo que son iniciativas individuales sin planificación previa. De la misma forma que se hicieron caceroladas en sitios reivindicativos frente a emplazamientos que ostentan el poder político, algunas personas ven el domicilio de Pablo Iglesias e Irene Montero como un lugar legítimo para protestar contra el gobierno, como también fue el domicilio particular de Ábalos".

Entre el escrache y el acoso

La línea que separa el escrache, que es cuando se produce una manifestación en la puerta de la vivienda de un político, y el acoso, es mínima, y se puede cruzar en cuatro escenarios: ante la vigilancia o persecución de la víctima, en el intento de contacto, el uso indebido de datos personales, o cuando se atente contra su libertad o su patrimonio.

Un experto en derecho penal apuntaba ante El HuffPost que: "Es cierto que hay formas de escrache o formas continuadas de intimidación a cualquier político, más que político persona, que puede ser medio pública y que pueden constituir un delito contra su integridad y su sensación de seguridad. Si se está dando de forma continuada puede ser constitutivo de delito. Está dentro de lo posible. Hay formas de protesta al amparo de la libertad de expresión que rozan los coactivo. Alguien puede expresarse en contra del comportamiento del otro siempre que no sea el diseño de un plan para hacerle cambiar su vida y sus hábitos".

No es la primera vez que Pablo Iglesias e Irene Montero tratan de llevar a juicio sus denuncias, aunque sin mucho éxito, pues las dos veces anteriores fueron archivadas.