Iñaki Urdangarin podrá salir un fin de semana al mes del centro penitenciario de Brieva (Ávila) y así paliar la situación de aislamiento en la que vive en esta cárcel, una prisión para mujeres. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León ha tomado esta decisión tras la propuesta de Instituciones Penitenciarias, a la que se ha opuesto la Fiscalía, que pedía aplicar a Iñaki Urdangarin un régimen de flexibilidad basado en la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Esta norma permitirá a Urdangarin salir del centro un fin de semana al mes, no por voluntad propia sino por imposición de Prisiones por razones de seguridad. Aunque se aplique esta medida propia del tercer grado, el recluso mantendrá el régimen de segundo grado.

En su auto, el juez explica cuál es el procedimiento que se sigue cuando un hombre ingresa en una cárcel para mujeres. Según este protocolo, que se sigue en el centro de Ávila desde su apertura en 1989, los reclusos varones que ingresan son trasladados de forma inmediata tras realizar los trámites oportunos al Centro Penitenciario de Segovia.

En una cárcel de mujeres por seguridad

En otro informe incorporado al expediente, el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social explica que Urdangarin no ha sido trasladado a una prisión para hombres como ha sucedido en otras ocasiones por “seguridad”, al ser así “más fácilmente controlable y de mejor manera” en el centro penitenciario en el que se encuentra ingresado.

Estos escritos confirman el criterio recogido en anteriores resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León y de la Audiencia Provincial de Ávila, frente a lo resulto por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y el Ministerio Fiscal, que en sus anteriores informes sostenían que Urdangarin “permanecía en el Centro Penitenciario de Ávila por voluntad propia y no por razones de seguridad”.

La resolución, que permitirá a Urdangarin salir un fin de semana al mes, no es ejecutiva hasta que sea firme. El recluso ingresó en prisión el 18 de junio de 2018 para cumplir una condena de cinco años y diez meses de cárcel por delitos de corrupción en el caso Nóos, tras rebajar la pena inicialmente impuesta.