El destino del rey emérito Juan Carlos I, que anunció este lunes que abandona España, es un misterio, después de que varios medios desmintieran que se encuentre en República Dominicana. Sin embargo, más allá de esta duda, existe otra más importante que afecta al futuro judicial del exmonarca, la de si es posible que el fiscal suizo Yves Bertossa, que está investigando los supuestos delitos fiscales y de blanqueo en torno a una tapadera off shore con la que se ocultó la fortuna de Juan Carlos I en el país, le llame a declarar. Varios expertos coinciden en que la inmunidad internacional que protegió al rey emérito durante su mandato expiró en junio de 2014, cuando abdicó en su hijo, y por tanto podría tener que explicarse ante un juez helvético.

Poco después de hacerse público el comunicado con el que Juan Carlos I anunciaba que dejaba el país, uno de sus abogados, Javier Sánchez-Junco, realizó otro en el que informaba de que el monarca emérito permanecía a disposición del Ministerio Fiscal “para cualquier trámite o actuación”. Sin embargo, el futuro judicial de Juan Carlos I podría estar más comprometido de lo esperado, ya que, como explica un magistrado, se encuentra aforado, pero esto no vincula a la legislación suiza.

El elemento clave es determinar si los hechos por los que Juan Carlos I está siendo investigado ocurrieron antes o después de su abdicación. Si se produjeron después, la Ley Orgánica 16/2015, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros en España, deja claro en su artículo 23 que, cuando termina el mandato, no se podrá seguir aplicando la inmunidad. “A partir del 19 de junio de 2014, fecha de la abdicación, no hay inconveniente alguno para investigar y, llegado el caso, juzgar y condenar a Juan Carlos I, como a cualquier otro ciudadano, tanto por las asociaciones judiciales españolas como las suizas”, declara el magistrado Ignacio González Vega.

Actualmente hay dos procesos paralelos. La fiscalía española, concretamente la del Tribunal Supremo, dado el estatuto penal del exmonarca, es la que está investigando a Juan Carlos I, mientras que sus homólogos suizos se encargan del resto de implicados, entre ellos Corinna Larsen. Pese a esto, los tribunales helvéticos podrían llamar a declarar a Juan Carlos I, y sería un juez suizo quien decidiría si cuando se produjo el cobro de los 100 millones de dólares el rey emérito estaba o no protegido por la legislación española e internacional.

Si España le llama a declarar, podría no tener que ir a Suiza

Lo único que podría evitar que Juan Carlos I compareciese ante el fiscal Bertossa si este le llama a declarar es que sean los tribunales españoles quienes abran antes un proceso penal contra él. En ese caso, los letrados del exrey podrían argumentar ante los tribunales suizos que este tiene un litigio pendiente en España, y que por tanto no tiene sentido que declare en el país helvético. La fiscalía española abrió en 2017 la investigación contra el exmonarca.

Más allá de Suiza, Juan Carlos I tiene un frente más, el de Londres, a que Corinna Larsen ha anunciado esta semana que va a presentar una denuncia contra él por acoso, amenazas y una campaña mediática contra ella que empezó hace ocho años, cuando se filtró en España la relación que tenía con el monarca.