El estado de alarma, que termina esta medianoche, se ha saldado con más de 9.000 detenidos y casi 1,2 millones de euros en sanciones por no respetar las reglas del confinamiento. Las multas económicas han ido desde los 600 euros por desplazamientos no autorizados hasta los 30.000 por resistencia a la autoridad. Muchas de ellas, sin embargo, podrían prescribir próximamente al no estar aún tramitadas.

Andalucía, con algo más de 194.000 multas, Madrid, con unas 183.000, y la Comunidad Valenciana, en torno a las 167.000, han sido las tres autonomías en las que se han producido más sanciones, casi un 48% del total. En cuanto a las detenciones estas tres comunidades también han sido las que más han tenido, con más de 1.400 en cada provincia.

La media de multas diaria descendió drásticamente a medida que se aprobaron medidas de alivio del desconfinamiento. Antes de estas medidas, se ponían unas 8.000 sanciones al día, y esta cifra se redujo a menos de 2.000 cuando empezó el desconfinamiento. Las multas no solamente han sido administrativas y económicas, sino también penales, ya que algunos reincidentes han sido castigados con penas de cárcel.

La Ley de Seguridad Ciudadana, base legal de las multas

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, ha sido la base legal utilizada por el Gobierno para estas multas, ya que no existía ninguna norma específica para esta situación. Muchos expertos han acusado al Ejecutivo de haber utilizado este régimen sancionador con interpretaciones discutibles, y dan por hecho que una buena parte de las sanciones decaerá cuando finalicen las medidas excepcionales.

El Gobierno defendió en sede parlamentaria que las sanciones habían estado plenamente fundamentadas jurídicamente, pero de momento solamente un 10% de las propuestas de sanción ya ha sido ejecutado por las delegaciones o subdelegaciones gubernamentales.