Varios establecimientos, como bares, restaurantes y pequeñas empresas sanitarias, han empezado a cobrar a sus consumidores la llamada tasa Covid, un suplemento que incluye el gasto por las medidas extraordinarias de desinfección de la nueva normalidad. Numerosas organizaciones de consumidores lo han denunciado, y recientemente, el Ministerio de Consumo ha publicado una nota en la que informa de que es ilegal cobrar al cliente medidas de higiene, desinfección y prevención, y advierte de que, al tratarse de una infracción administrativa, podría sancionarse con multas que irían desde los 600 a los 6.000 euros.

Los establecimientos que han cobrado esta tasa han obligado al consumidor a asumir costes que no le competen, lo que, según la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, es una cláusula abusiva. “Se trataría de la imposición al consumidor y usuario de un servicio no solicitado y no susceptible de aceptación o rechazo por su parte”, define esta ley en su artículo 89.

La competencia al respecto de los derechos de los consumidores es autonómica, y serán por tanto las comunidades quienes deberán decidir cuál es la sanción que debe aplicarse en cada caso. Hasta entonces, las organizaciones de consumidores insisten en que los clientes pueden negarse a pagar y reclamar el dinero que se ha cobrado de más siempre que se guarde el ticket o la factura.

Las residencias, las primeras en aplicarlas

Uno de los sectores que ha cobrado la tasa Covid es el de las residencias de ancianos. Recientemente, el grupo Colisée, el cuarto más importante de España, que cuenta con 50 geriátricos y más de 5.900 camas, informó a sus clientes de que, en su próxima factura, se aplicaría una aportación temporal de 85 euros mensuales en concepto de medidas extra de seguridad. Poco después, la dirección aclaró que la aportación sería voluntaria para los residentes que quisieran pagarla.

En este sentido, hay muchas dudas sobre si la voluntariedad convierte esta aportación en legal. La OCU considera que sí, siempre que se informe a los usuarios y que estos den su consentimiento expreso, pero Facua defiende que cobrar a los mayores un recargo por las medidas de seguridad que debe adoptar cada centro es ilegal y abusivo, y se propone incluso denunciar a todos los centros de mayores que la apliquen.