La proposición no de ley presentada por el grupo socialista en el Congreso para eliminar de manera gradual el uso del dinero en efectivo se ha encontrado con dos muros infranqueables: la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Según El País, esta iniciativa parlamentaria choca directamente con los principios de la Unión Europea, que establecen que tanto los billetes como las monedas son de curso legal por lo que sería imposible denegar a cualquier ciudadanos su uso diario.

“La norma debe ser la aceptación de billetes y monedas en euros como medios de pago en transacciones minoristas”, declaró la Comisión Europa en el año 2010. “Una denegación de esta forma de pago solo debería ser posible si se base en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista no tenga cambio disponible”, continúa el órgano comunitario, estableciendo doctrina en este asunto.

El Banco Central Europeo también es contrario a la desaparición del dinero físico. Mario Draghi, expresidente del organismo económico, señaló que depender solo del pago electrónico podría ser peligroso ante los posibles fallos en las infraestructuras: si se cae Internet o la luz, la economía del día a día (súpermercados, tiendas de ropa, gasolina...) colapsaría al ser imposible las transacciones económicas básicas.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la lucha del Gobierno contra el fraude fiscal en un momento en el que el empleo del efectivo ha sido golpeado por el miedo a que facilite la transmisión del coronavirus. Durante la pandemia, múltiples establecimientos se han inclinado por el uso de los medios electrónicos de pago, como tarjetas de créditos, transacciones a través del móvil… antes que por las monedas y billetes. Algunas tiendas, además, han cambiado sus máquinas de compra para que estas solo permitan el uso de medios electrónicos.

La propuesta socialistas no tenía un horizonte de aprobación a corto plazo y está abierta a la negociación. Por este motivo, no había una fecha fijada para su debate parlamentario.

Rebaja del pago de 2.500 euros a 1.000

Por otro lado, y dentro de la lucha contra el fraude fiscal, Hacienda desea rebajar el límite de pagos en metálico de 2.500 euros a tan solo 1.000 euros. El Gobierno socialista ya trató de aprobar esta iniciativa en 2019, pero no llegó a prosperar. Países como Portugal y Francia tienen una medida similar que despierta recelo en Aproser, la patronal del transporte de efectivo, al afectar directamente a la población más vulnerable, como las personas mayores, los habitantes del medio rural, migrantes y aquellos con rentas más bajas y en riesgo de exclusión social.

El Banco Central también se muestra contrario a esa rebaja: “(Es una medida) desproporcionada, a la luz del impacto potencialmente adverso que originaría en el sistema de pagos en efectivo”, asegura en respuesta a una petición del Banco de España. “De hecho, este límite dificulta la liquidación de transacciones legítimas y pone en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado”.